El Segundo Tribunal de Justicia catalogó como causa compleja las investigaciones que adelanta la Fiscalía Séptima Anticorrupción por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio del orden económico nacional.
También los magistrados del tribunal otorgaron el término de seis meses para que la fiscalía lleve adelante la tramitación del expediente.
El origen de la investigación
El 23 de octubre de 2015 el Ministerio Público inició la investigación de un préstamo por $9 millones otorgado en diciembre de 2012 supuestamente sin cumplir los requisitos por la estatal Caja de Ahorros al consorcio HPC-Contratas-P&V, empresa encargada de la construcción del centro de convenciones en Amador.
De esta forma, el tribunal revocó la decisión que el Juzgado Decimoctavo de lo Penal, a cargo de Baloisa Marquínez, había negado las solicitudes en la fiscalía, en agosto de 2017, bajo el argumento de que “no se ha demostrado la existencia de un grupo estructurado que actúe de manera concertada, con la finalidad de cometer delitos graves para obtener beneficios económicos o materiales”.
La fiscal séptima Anticorrupción, Leyda Sáenz, sustentó que requería un tiempo considerable para la investigación, debido al tipo de información que tenía que recabar, así como por la gravedad y complejidad de la conducta investigada en este proceso.
La fiscal solicitaba que se declarara la investigación compleja, porque el artículo 504 del Código Procesal Penal señala que una vez autorizado ese trámite por el juzgado, el plazo previsto para concluir el proceso se extiende a un año y una posible prórroga de un año adicional.
El caso guarda relación con el préstamo que concedió la Caja de Ahorros, a favor del consorcio HPC-Contratas-P&V, para la construcción del centro de convenciones en Amador, pero que según pesquisas del MP, fue usado para tapar el hueco financiero de la extinta casa de valores Financial Pacific.Por este mismo préstamo otorgado por la CA, el Ministerio Público investigó en otro proceso a 22 personas por la presunta comisión de los delitos contra a administración pública.
Como parte de aquel proceso, el 20 de agosto de 2018, en un fallo de 52 páginas, la jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta, había dictado un sobreseimiento definitivo para todos los imputados.
Urieta alegó que la fiscalía no acreditó los delitos en base al modo, tiempo y lugar en que se dieron.
Con el fallo fueron favorecidos el expresidente de la junta directiva de la CA Riccardo Francolini, el exgerente de ese banco Jayson Pastor y el exvicepresidente Felipe Pipo Virzi.
Esta nota fue modificada el martes 10 de diciembre, a las 4:15 p.m...