Solo la mitad de los abogados que optaron por la idoneidad en los cinco primeros meses de este año aprobó el seminario del Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, una suerte de medidor académico sobre los conocimientos mínimos de los profesionales del derecho.
De los 587 abogados que realizaron el seminario entre enero y mayo de este año, 298 aprobaron y 289 reprobaron, pero todos recibieron la idoneidad.
Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega, estos resultados demuestran que “la preparación con la que están egresando de las universidades los nuevos abogados no es la óptima”.
Por ello, recurrió al Colegio Nacional de Abogados (CNA), que preside Juan Carlos Araúz, para plantear la necesidad de una reforma a la Ley 9 de 1984, que regula el ejercicio de la abogacía.
El CNA dice que presentará los cambios a la Ley 9, ante la Asamblea Nacional.
‘Preparación de los abogados no es la óptima’: Fábrega
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega, así como el reelecto presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, consideran que urge una reforma de la Ley 9 del 18 de abril de 1984, que regula el ejercicio de la abogacía.
De hecho, Fábrega remitió el pasado 13 de julio una misiva al CNA, en la que detalló que solo el 50% de los nuevos abogados que aspiran a que se les otorgue la idoneidad aprueba el seminario que les realiza el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá.
A juicio del presidente de la Corte, estos resultados reflejan que “la preparación con la que los nuevos abogados están egresando de las universidades no es la óptima para que puedan brindar una adecuada representación o un servicio público eficaz y eficiente”.
“Durante años hemos buscado la mejor forma para que, aquellos nuevos abogados que requieran idoneidad para ejercer la profesión, demuestren que han adquirido los conocimientos suficientes para brindar sus servicios, ya bien sean privados o públicos, con eficacia, eficiencia, ética y profesionalismo; sin embargo, no hemos obtenido el apoyo necesario, ni gremial, ni universitario, ni de los otros poderes del Estado, para lograr la modificación a la ley que rige el ejercicio de la profesión de abogado”, dice la carta.
Procedimiento y datos
El estudiante que obtiene su título en derecho y ciencias políticas en cualquier universidad del país debe solicitar la idoneidad profesional ante la Corte y ésta, a su vez, remite al solicitante al Instituto de la Judicatura, para tomar el curso.
Aunque este curso no es un requisito para obtener la idoneidad, es un termómetro para medir los conocimientos de los profesionales del derecho. El seminario, según explica el presidente de la Corte en la misiva dirigida a Araúz, está basado en ética profesional y en los conocimientos mínimos que todo abogado idóneo debe tener para ejercer.
De acuerdo con datos estadísticos del Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, de los 587 abogados que realizaron el seminario entre enero y mayo de este año, 298 aprobaron y 289 reprobaron.
Más en detalle, de los 230 estudiantes de la ISAE, 100 aprobaron y 130, no. De los 125 de la Universidad de Panamá, 79 aprobaron y 46 reprobaron.
De los 62 estudiantes de la Universidad Santa María La Antigua que presentaron el curso, 33 lo aprobaron y 29 lo reprobaron. Mientras que de la Universidad Latina de Panamá, 20 aprobaron y 13 no. De la Columbus University, 4 hicieron el seminario y todos lo aprobaron. De la Universidad Panamericana (Upam), 8 hicieron la prueba; 5 la aprobaron.
Los datos indican, además, que los abogados con mejor puntajes en los seminarios durante los primeros cinco meses de este año fueron los de Columbus, con 79 puntos; seguidos por los de la Universidad de Panamá, con 77, y los de la Upam, con 76.
Presentarán cambios
Para Araúz, la carta de Fábrega muestra una radiografía muy alarmante. Sin embargo, pese a estas deficiencias, las idoneidades se siguen emitiendo, pues la ley no estipula como requisito obligatorio la aprobación del curso que, empero, pone de contexto la mercantilización de la enseñanza universitaria, una de las causas primarias del problema presentado, a su juicio.
“El curso ha permitido documentar de una forma objetiva lo que desde hace años era una crítica de pasillo. Refleja con datos que hay deficiencias en la formación de los abogados. Mientras no esté en la ley la exigencia de aprobar una evaluación, estamos mirando un problema sin atender su origen”, acotó.
Indicó que el CNA presentará la reforma a la ley, aunque de antemano advirtió que hay que saber, claramente, que los sectores opuestos siempre serán los que se benefician de un sistema imperfecto.
Dijo que esperan lograr consenso entre la Corte, la academia y los gremios para hacer un alto a la mercantilización de la formación universitaria y convertir esta reforma en ley de la República en corto tiempo.
Según Araúz, ya le informaron al presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, que el CNA presentará la iniciativa en las próximas semanas y que requerirá el apoyo de todos los sectores para su debate y posterior aprobación.
Por ahora, la propuesta que busca reformar la Ley 9 de 1984 no ha logrado materializarse, pese a que la necesidad de cambios de esta normativa ha sido planteada desde 2005, cuando se firmó el Pacto de Estado por la Justicia.
A la Asamblea Nacional llegó en el año 2018 una propuesta de ley que pretendía regular la estabilidad laboral y el escalafón de los abogados al servicio del Estado, pero fue vetada por el entonces presidente de la República, Juan Carlos Varela.
Algunos requisitos para la idoneidad
‘La Corte Suprema de Justicia sólo otorgará en lo sucesivo certificados de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado a quienes reúnan los siguientes requisitos: ser nacional panameño y poseer título profesional en derecho expedido por universidades reconocidas’.
