La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) pedirá al Ministerio de Salud (Minsa) un informe “explicativo” de la investigación que adelante sobre la reunión que se habría dado el miércoles por la noche en el restaurante bar La Fragata, ubicado en Obarrio.
El propósito, de acuerdo con la Antai, es definir si hay bienes del Estado y servidores públicos involucrados en este hecho.
La Antai, que dirige Elsa Fernández, basa su decisión en el artículo 27 de la Ley 33 de 2013, que rige dicha institución, el cual advierte que para el cumplimiento de sus objetivos, facultades y atribuciones, la entidad “podrá realizar evaluaciones, informes y análisis de procedimientos administrativos a todas las instituciones, para lo cual podrá solicitarles información, documentación y certificaciones a los funcionarios responsables”.
Aunque el artículo no establece un tiempo para que el Minsa entregue el informe, deja claro que el incumplimiento de esta disposición podrá llevar a la aplicación de sanciones al funcionario, según lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 155 de la Ley 9 de 1994.
Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud, dijo ayer que las autoridades sanitarias “no encontraron evidencias” de que la noche del miércoles se hubiese llevado a cabo una reunión en el mencionado restaurante.
No obstante, afirmó que las investigaciones seguirán, debido a las imágenes que circularon en redes sociales, y que contactarán a las personas cuyos gafetes gubernamentales fueron mostrados en las transmisiones en las redes sociales. “Se están evaluando los videos para definir si la evidencia es certera respecto al incumplimiento”, dijo a La Prensa.
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El supuesto encuentro en La Fragata, en desafío a los decretos que impusieron las autoridades sanitarias por la pandemia de la Covid-19, generó protestas de los vecinos de Obarrio, que tocaron pailas y gritaron para que las personas en el local salieran.
En ese sentido, Cedeño explicó que, tras conocer del hecho, se envió a Indalecio Navarro, director médico del centro de salud Emiliano Ponce, del corregimiento de Calidonia, pero que este le informó que cuando llegó al sitio no encontró mesas usadas y el cocinero estaba terminando de limpiar su área de trabajo. Navarro tampoco vio vehículos con línea amarilla u oficiales.
Tanto Navarro como los agentes policiales tardaron en llegar a La Fragata, según consta en la transmisión a través de redes sociales que hizo Foco Panamá, y las imágenes divulgadas por La Prensa, lo que habría dado oportunidad a que se limpiara y ordenara el local.
Los vecinos que protestaron por la celebración de la reunión coreaban consignas para exigir la presencia de un juez de paz o de la gobernadora Judy Meana. Nunca aparecieron.
El ministro de Seguridad, Juan Pino, justificó la ausencia de esas autoridades. Señaló que los agentes policiales son auxiliares de la justicia. “No podemos ingresar a una casa, a un lugar privado, sin la anuencia del Ministerio Público. Si no, estaríamos nosotros metiéndonos en un problema legal”, dijo.
En La Fragata fue encontrado un carné del ciudadano colonense Roberto Gómez Posso, quien el 17 de julio pasado anunció en sus redes sociales que tenía coronavirus y estaba en el hospital modular de Albrook. En un lado, el carné lo identifica como director de Coordinación Nacional de Proyectos (Conapro) del Ministerio de Vivienda. En el otro, figura como funcionario asignado directamente al despacho del presidente Laurentino Cortizo.
En la planilla oficial, aparece como “coordinador de planes y programas” de la Presidencia, con un salario de $4 mil al mes.
En su cuenta de Twitter, el funcionario presume su amistad con el presidente del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson. “Feliz cumpleaños Benicio Robinson. Pido a Dios lo siga guardando, protegiendo, lo llene de salud, paz, felicidad y muchos años más, honrado con su cariño y amistad”, escribió junto a una foto en la que aparecen los dos.
Existe otro hecho que estaría vinculado al caso. Alisson Staff divulgó imágenes en su cuenta de Instagram sobre la celebración de un cumpleaños. Las fotos serían del pasado miércoles en La Fragata. Staff, que se supone es cantante, aparece en la planilla estatal desde marzo pasado, con la posición de “oficinista” en la Autoridad Nacional de Aduanas, con un salario de $725 mensuales.
Y, ¿los vehículos que estaban frente al restaurante bar, la noche de la protesta? Cedeño dijo que se conoció que muchos vecinos del área usan ese espacio para estacionar sus automóviles.
“No se encontró vehículo oficial, de ningún ministerio”, informó.
Reacciones
La reunión que aseguran los residentes se dio en La Fragata ha generado indignación ciudadana, pues no es la primera vez que ocurren estos encuentros en medio de la pandemia.
Por ejemplo, la Asociación de Restaurantes y Bares se preguntó en un comunicado “¿cómo es posible que en medio de esta cruda crisis sanitaria, dueños de restaurantes y bares se presten para facilitar actos sin vergüenza que atentan contra la posibilidad de abrir negocios de los sectores de la gastronomía y entretenimiento, que hemos sacrificado sueños y la mayoría de nuestros ahorros?”.
“Nos unimos a las protestas nacionales de forma enérgica en contra del irresponsable acto que representa una bofetada preñada de arrogancia hacia los ciudadanos que estamos sufriendo y perdiendo todo desde el 11 de marzo de 2020”, acotó el gremio.
La exdiputada y exprocuradora de la Nación Ana Matilde Gómez también recriminó el hecho. Dijo que pareciera que quieren retar la paciencia y tolerancia de los ciudadanos. “Los funcionarios que hayan estado en el restaurante La Fragata anoche, deberían ser destituidos, porque se está mandando un mensaje perverso de selectividad”.
Por su lado, Rómulo Roux, presidente del partido Cambio Democrático, indicó que el incidente de La Fragata es otro bochorno para el país y una bofetada al pueblo. “Quiero ver destituciones por parte de Cortizo a todos los funcionarios que decidieron violar la ley por creer que gozan de impunidad. Su credibilidad se sigue destruyendo”.
