Detalles de transacciones bancarias y las conversaciones vía chats que mantuvo con Oydén Ortega Collado, hijo homónimo del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otras, son algunas de las pruebas que el comerciante chiricano César Alvarado Taylor, presentó ante el Ministerio Público para alcanzar un acuerdo en el caso que se le seguía por la supuesta comisión del delito de corrupción de funcionarios.
La Fiscalía Anticorrupción, que sigue el caso, le retiró los cargos, y ahora Alvarado tiene un nuevo rol en el proceso: el de testigo.
El origen de la trama
Este caso empezó cuando en 2018 Alvarado denunció a Ortega Collado y a Claudia Purcait, hijo y exsecretaria, respectivamente, del exmagistrado de la Corte, Oydén Ortega Durán, ante el Ministerio Público (MP).
Alvarado los acusó de cobrarle dinero a cambio de la admisión irregular de un recurso de casación relacionado con un pleito por la venta de ocho fincas en 2002.
La historia de este caso fue contada por este diario en noviembre de 2018 en una serie de notas sobre venta de fallos, en la que se cita a Alvarado.
Allí se relató, por ejemplo, que Alvarado antes de presentar la denuncia al MP había acudido a la Asamblea Nacional (2017), donde presentó una denuncia contra el entonces magistrado Ortega, pero esta fue archivada. En ese entonces la Comisión de Credenciales, instancia clave en la investigación de los magistrados de la Corte, era controlada por diputados del Partido Panameñista.
Una investigación en curso
El más reciente capítulo de esta trama ocurrió el pasado martes 4 de agosto cuando la fiscalía tenía previsto que se validaran una serie de pruebas en una audiencia. Pero, la misma fue suspendida porque Purcait comunicó que se sentía afiebrada. Su abogada anunció que esperaban el resultado de una prueba para determinar si tiene coronavirus.
El juez Justo Vargas reprogramó la diligencia para el próximo 3 de septiembre, justamente un año después de que se les imputaran cargos por la supuesta comisión de tráfico de influencias. En ese momento la fiscalía a cargo del tema no decretó medida cautelar para ninguno de los dos investigados.
En los detalles de las transacciones que Alvarado le mostró al Ministerio Público se probaría el pago de $40 mil a Ortega Collado, de los cuales $15 mil, según esta versión, eran para la admisión del recurso de casación. También aseguró que para lograr que el fallo saliera a su favor le estaban exigiendo $250 mil.
En los chats que el denunciante aportó se lee cómo se planeó la estrategia para que la casación, que en un principio estaba en manos del exmagistrado Harley Mitchell, quedara en manos de Ortega Durán.
También salió a relucir el nombre del magistrado Hernán De León. El comerciante narró que, según Ortega hijo, De León pidió $250 mil para fallar a su favor.
“Me enseñaron que ganaba [el fallo] y que Hernán De León decía que la otra gente ya había ofrecido $250 mil, y que si no [los pagaba] pues, lo cambiaban”, afirmó Alvarado en entrevista con este medio en noviembre de 2018. En su momento, tanto De León, como Ortega Durán negaron haber participado en el hecho.
Este medio consultó ayer al Ministerio Público si Oydén Ortega Durán, quien salió de la Corte en 2019, es objeto de una investigación por este caso. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no habían respondido.
¿Vieja práctica?
La supuesta venta de fallos en la Corte es un hecho que ha sido denunciado por varios actores de la sociedad. En 2005, el entonces magistrado Adán Arnulfo Arjona denunció la venta de fallos en la Corte. Incluso, dio detalles de algunos casos. En octubre de 2014 el entonces magistrado Harry Díaz, dijo en el Knockout de La Prensa que “archivar expedientes y vender fallos” estaban entre las malas prácticas de los magistrados. En 2015, la Asamblea condenó a Alejandro Moncada Luna a cinco años de cárcel por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos.