Si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admite la denuncia que interpuso la diputada perredista Kayra Harding contra su copartidario Jairo Bolota Salazar por presunta violencia de género, 13 diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) y de su aliado el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) tendrán que testificar en el proceso.
Ellos son: Corina Cano, Maira González, Rosa Domínguez, Marcos Castillero, Leandro Ávila, Fernando Arce, Eugenio Bernal, Eric Broce y Luis Rafael Cruz. En la lista también están: Juan Alberto Esquivel, Manolo Ruiz, Raúl Pineda y Ricardo Torres.
Harding solicitó el testimonio de sus compañeros en la acción legal que interpuso ante la Corte ayer en la mañana. Lo hizo un día después de que diera a conocer que Salazar la había insultado y agredido con una botella de agua, y que también golpeó en la frente a su copartidario Mariano López, diputado de Colón. El hecho ocurrió en la tarde del pasado miércoles en una reunión de la bancada.
“Él es un agresor”, dijo Harding cuando llegó al Palacio Gil Ponce, en compañía de su abogado Víctor Harding y de sus escoltas. “Solicitaré una medida de alejamiento. Él se sienta detrás de mí [en el pleno de la Asamblea Nacional] y ya me agredió física y verbalmente delante de mi bancada y la del Molirena”, agregó.
Al magistrado Olmedo Arrocha le corresponde decidir si se admite o no el recurso. Un comunicado de la Corte informó que Arrocha puso a circular ayer un proyecto sobre este caso. Informó también que preliminarmente decidió otorgar medidas preventivas de asistencia y protección a Harding. Este medio pudo conocer que se pidió a la Unidad de Protección a las Víctimas del Ministerio Público, que atendiera a la diputada. Además, se solicitó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que le haga una revisión médico legal.
Los tres discursos
Horas después de que Harding acudiera a la Corte, los tres protagonistas de esta historia se vieron las caras en el pleno de la Asamblea Nacional. Allí, aprovechando el periodo de incidencias, Salazar y Harding pronunciaron apasionados discursos para defender sus posiciones. López, quien se dejó ver con una herida en la cabeza, fue ambiguo. Cuidó cada una de sus palabras y evitó tomar posición a favor de alguna de las partes, aunque sí dijo estar en contra de cualquier agresión y se proclamó creyente del diálogo.
Bolota Salazar hizo una entrada ruidosa al Legislativo. Divulgó una fotografía con los abogados que lo defenderán: Ronier Ortiz, Alejandro Pérez, Jessica Canto y su copartidaria y diputada Zulay Rodríguez. Los tres primeros son parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli. Sobre Rodríguez, ya hay preguntas: ¿cómo la secretaria del frente femenino del PRD y presidenta de la comisión legislativa de Asuntos de la Mujer defiende a una persona acusada de agredir a una colega copartidaria?
Con el espaldarazo de los abogados de Martinelli, Salazar, quien además es investigado en la Corte por dos denuncias presentadas por el director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, por amenazar a agentes policiales y obstruir la labor de los servidores públicos, inició su retórica. Habló durante casi ocho minutos. Se autoproclamó buen hijo, y buen padre. “Nunca di ejemplos de violencia en mi hogar. Tengo a mis hijas y jamás quisiera que les pasara algo, porque yo considero que me volvería loco”. Dijo que él cree que “hay algo sospechoso”, pero que todo estaba en manos de sus abogados. Aseguró que nunca ha tenido problemas con alguna mujer en Colón, su tierra. Narró que todo empezó cuando él se opuso a un proyecto de ley que impulsaba Harding, que penalizaba con cárcel a los que cometen saqueos. A Mariano López lo catalogó como “su doctor de cabecera”; que sí tienen diferencias pero, que de “ahí no pasan”. “Me acusan de delincuente, y tienen que probarlo y lo van a tener que probar en la Corte”, sustentó.
Harding pidió la palabra. Tildó de “populista” el discurso de su colega. Acusó a su bancada y a la del Molirena de tener un “silencio cínico”. “Te instruyeron muy bien... la batería de abogados de Ricardo Martinelli, y entonces sí huele feo y eso es lo raro, porque ese es el discurso contra el PRD. Y sí, yo soy una entregada a mi partido, porque esta curul le pertenece al PRD. El discurso de la clase social te queda asqueroso”, le dijo a Salazar.
Siguió. “No quiero que nadie venga a defenderme, pero soy una mujer que ha sido maltratada, vejada, insultada... y me van a tener que matar ... y vas a ir preso, porque eres un delincuente. La agresión a la mujer es un delito y tú lo hiciste y hay testigos, y yo no sé si es cobardía y le temen a tu fuerza física. Yo no le temo a Jairo Bolota”.
López, confuso
Cuando tomó la palabra, López pidió disculpas “al pueblo” y rápidamente manifestó: “podemos tener diferencias, pero estas diferencias debemos llevarlas al diálogo y no a la agresión física” .
Diputados del PRD que pidieron el anonimato narraron a este medio que varios le reclamaron a López su posición ambigua. Esperaban un discurso más enérgico. Aseguraron que López contestó que él opta por evitar la confrontación con Salazar, por temor a represalias. Ambos son de Colón, políticamente se han enfrentado, y López conoce hasta donde pueden llegar los seguidores de Salazar.
De hecho, en la reunión del pasado miércoles, antes de que se de diera el incidente, según cuentan diputados perredistas, Salazar se ufanó de darle guerra al expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019). Incluso, dijo que Varela se vio obligado a llamarlo varias veces en medio de revueltas en Colón. Entonces era representante de Barrio Norte.
¿Fue por la moratoria?
Tanto Salazar como Zulay Rodríguez atribuyen el incidente a su posición favorable a las moratorias bancarias y de servicios públicos aprobadas por la Asamblea en distintos proyectos de ley. Sin embargo, diputados perredistas afirman que ese tema ni siquiera se trató en la reunión en la que se generó el escándalo. Que si bien la bancada siempre ha estado dividida en bandos, en este momento esas facciones no están activas, pues cada quien, por estos días, está ocupado con otros asuntos.
Por ejemplo, Benicio Robinson hace días no va a la Asamblea, porque está lidiando con problemas de salud. Roberto Ábrego, después que fue escogido como el representante de la Asamblea ante la directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, ni asiste a las sesiones. Y Raúl Pineda, uno de los que impulsa la moratoria, anda pendiente de sus negocios y repartiendo bolsas de alimento en su circuito.
Más allá de la política, el tema ahora queda en manos de la Corte. El magistrado Arrocha, quien debe decidir si admite el caso, ya está entrenado en atender casos del diputados perredés. Es el fiscal del proceso que se le sigue a Arquesio Arias, por delitos sexuales.
(Con información de Juan Manuel Díaz)
