Pese a que el Ministerio Público ha dicho que existen imputados en algunas de las ocho investigaciones que adelanta sobre irregularidades en albergues de niños y adolescentes, y que esta semana se iniciaron las diligencias sobre el informe que entregó la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional, el procurador Eduardo Ulloa se negó a dar mayores detalles.
Ulloa dijo que no puede especificar de qué se trata, puesto que daría a conocer la estrategia de la fiscalía.
Desde hace 10 días, la ciudadanía exige conocer el avance de las investigaciones, nombres de albergues investigados y condición de los niños, y las autoridades evitan entrar en precisiones.
Mientras, especialistas piden atención para las víctimas.
Pocas respuestas en caso de albergues
Denuncias, reproches, órdenes, protestas, citación de autoridades, apertura de nuevas investigaciones criminales y presunto cierre de 8 albergues. Esto es lo que ha ocurrido en el país en los últimos 10 días luego de las revelaciones de un informe de una subcomisión legislativa sobre abusos físicos, psicológicos y sexuales a menores de edad, en albergues supervisados por el Estado.
Pero lo ocurrido deja más preguntas que respuestas. Y algunas de las explicaciones parecen estar vedadas por las autoridades, bajo el argumento de la “confidencialidad”.
A la fecha, se desconoce la cantidad de fundaciones involucradas en estos hechos y de albergues que no cumplen con los requerimientos para funcionar. Tampoco se ha dicho nada de las investigaciones internas que debió iniciar la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), para deslindar responsabilidades. No hay una fecha para la comparecencia ante la Asamblea Nacional de la ministra del Mides y la directora del Senniaf, a quienes la ciudadanía les pide su renuncia tras conocer un informe preparado por una subcomisión de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea nacional. Ese informe está hora en manos del Ministerio Público (MP).
Tampoco hay información de los imputados. Ayer, el procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, dijo que las diligencias sobre las investigaciones se iniciaron el jueves, pero no puede especificar de qué se trata puesto que, según él, daría a conocer la estrategia de la fiscalía.
“No puedo darles detalles de cada caso en particular, porque muchos involucran a menores. Tenemos una obligación de ley de mantener el secreto de la instrucción sumarial por respeto a las personas involucradas”, dijo.
Ante la demanda de la sociedad civil, que exige que el MP dé detalles del avance de al menos ocho investigaciones sobre el tema, el procurador dijo este jueves que ya había imputados. Pero en el MP no precisan quiénes son.
Las víctimas
Pero, ¿qué pasó con las víctimas? Mayra Silvera, directora del Senniaf desde enero pasado, se limitó a decir el jueves que los menores afectados fueron reubicados en otros albergues o entregados a sus familiares.
¿A cuántos menores se le vulneraron sus derechos? ¿Están recibiendo ayuda de profesionales? ¿Quiénes los están cuidando en estos momentos? ¿En base a qué la Senniaf decidió regresar a algunos de los menores a sus familias? ¿Se basó en estudios por parte de profesionales? ¿Qué seguimiento o atención se brinda a los reubicados?
La psiquiatra de niños y adolescentes Susana De León plantea que un niño que sufre maltrato, negligencia, abuso físico, emocional o sexual debe ser tratado por un especialista.
El trauma de ese niño, explicó, es más profundo cuando es frecuente, sistematizado, atenta contra su vida y, sobre todo, cuando es infligido por personas con quienes existe un vínculo afectivo. En ese sentido, indicó que son muchos los niños que llegan con estos traumas a los albergues de manera temporal, en busca de protección, pero ni siquiera reciben atención psiquiátrica.
Mientras que la psicóloga y exdirectora de la Asociación Panameña de Psicólogos, Ana María Florez, especializada, entre otras cosas, en la atención a adolescentes y adultos, cuestionó la falta de información sobre los afectados.
Dijo que el Estado debe darle una respuesta a la sociedad, la cual debe ser cónsona con evaluación de expertos en la materia.
“Las decisiones que se toman, sobre todo si hay niños, niñas y adolescentes involucrados, no se pueden hacer a la ligera, sino en base a un proceso integral con un equipo multidisciplinario”, dijo.
Agregó que hay que tener mucho cuidado de no revictimizar a los chicos al llevarlos a lugares inadecuados.
Ayer también reaccionó la rectora del Hogar San José de Malambo, sor Lourdes Reiss, quien aseguró en Radio Panamá que el tema de la vulneración de derechos a menores tiene un arrastre, y no solo en albergues, sino también en las comunidades y en las propias familias. “El Senniaf ha fallado en la supervisión de los albergues”, puntualizó.
Entretanto, la Comisión Nacional Pro Valores Cívicos y Morales exhortó a las autoridades a investigar los hechos “con transparencia, celeridad, y respetando el debido proceso de las víctimas y los acusados”.
“Las personas que resulten responsables, deberán ser castigadas conforme al derecho”, agregó la Comisión.
