Todo aquel que colabore podrá beneficiarse con la Ley 4 de 2017 –antes proyecto de ley 245– que contempla los acuerdos de pena en el sistema penal inquisitivo.
Este fue uno de los planteamientos de la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, quien en conferencia de prensa dio detalles ayer sobre la cumbre de fiscales que investigan los sobornos que pagó Odebrecht a funcionarios y particulares en América Latina, que se celebró en Brasil la semana pasada.
Porcell añadió que esta oportunidad “no debe ser desaprovechada”, ya que las fiscales a cargo de la Fiscalía Especial Anticorrupción próximamente viajarán a Andorra, Suiza y Estados Unidos, entre otros países, “y la información que se recopile ya será conocida por el Ministerio Público (MP)”.
EL PLAZO
Sin embargo, los que deseen suscribirse al acuerdo con la fiscalía tienen un plazo: el próximo 1 de junio.
“Con la aprobación de la Ley 4 de 2017, que contiene disposiciones sobre acuerdos de pena y de colaboración eficaz, todos a los que se les ha formulado cargos en los procesos que adelanta el Ministerio Público tienen la posibilidad de aceptar los hechos que se les imputan y suministrar información esencial para el esclarecimiento del delito, descubrir a sus autores o partícipes o bien evitar que se continúe ejecutando el delito”, dice un comunicado que Porcell leyó ayer.
Porcell, quien respondió preguntas de los periodistas acompañada de Rolando Rodríguez, secretario general de la Procuraduría, y del subsecretario de esa entidad, David Díaz, fue enfática al indicar que “tarde que temprano el Ministerio Público va a determinar quiénes son los responsables: personas jurídicas, personas naturales, las cuentas, fondos (...)”.
La procuradora recalcó que con la Ley 4 de 2017 Panamá se ha puesto “a tono” con el resto de los países que permiten beneficios para todas aquellas personas que, de una u otra forma, tienen información relevante y fundamental para planteársela al Ministerio Público. “[Si] el MP logra comprobar que la información que se está señalando es la correcta, entonces es claro que resulta un beneficio para esa persona”, explicó.
“Si el 2 de junio vienen a querer colaborar, ya la información no es eficaz, porque ya nosotros la hemos obtenido de otra fuente”, sentenció la procuradora general de la Nación.
Y reiteró: “Lo ideal sería que esto se diese antes [del 1 de junio próximo]. Además de que el Ministerio Público estuvo en Brasil, va a viajar a Andorra, Suiza, Estados Unidos”. “Si el que está aquí y está dentro del proceso, y sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad, entonces es mejor que se acerque [a la fiscalía] (...)”, sostuvo.
LOS IMPUTADOS
Por ahora, la Fiscalía Especial Anticorrupción investiga seis causas relacionadas con irregularidades de la constructora brasileña en Panamá. La más antigua data de 2006. En esa época, el perredista Martín Torrijos Espino gobernaba el país y encargó a la constructora los primeros proyectos millonarios.
En tanto, por el caso relacionado con millones de dólares incautados por Suiza por sospechas de que fueron pagados por Odebrecht en sobornos hay 17 imputados, entre ellos, los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli. El MP solicitó a Interpol que los localice a través de una alerta roja.
El comunicado del MP también expresa que parte de lo que se pactó con los fiscales que asistieron a la reunión en Brasilia, capital de Brasil, es que Panamá continuará apoyando a los distintos países en el suministro de información sobre sociedades offshore, así como detalles de cuentas bancarias y acciones necesarias para desarticular “los altos niveles de corrupción”.
“Porque el sistema financiero panameño ha sido clave en estas investigaciones”, sustentó.