Luego de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia declarara vacantes las posiciones de 175 jueces de garantía y de cumplimiento y otros 266 cargos dentro de la Defensoría Pública y defensores de las víctimas del delito, le toca al Consejo de Administración de la Carrera Judicial determinar el mecanismo para la selección de este personal.
Una vez definido este mecanismo, el Consejo de Administración de la Carrera Judicial deberá solicitar apoyo a la Secretaría Técnica de Recursos Humanos, a fin de hacer la convocatoria de los concursos para llenar los cargos vacantes de jueces y magistrados.
Ya en marzo del año pasado tomaron posesión los miembros de este consejo para el período 2021-2023. Se trata de Abel Augusto Zamorano, magistrado del Tribunal Superior; Idalides Pinilla Guzmán, magistrada del Tribunal Superior; Diego Martín Fernández Paniagua y Andrés Reyes Díaz, jueces de circuito, y Esther Nitzila Hinestroza Gómez, juez municipal.
Este consejo determinará cuáles de la vacantes serán llenadas por concurso cerrado y cuáles por concurso abierto. Los concursos cerrados se llenan por traslados o ascensos de los funcionarios dentro del Órgano Judicial y los abiertos es donde se permite la participación de personas externas.
También se seleccionará a los integrantes de la comisión de evaluación que se encargará de verificar las competencias de los aspirantes para el ingreso a la carrera judicial. Lo mismo ocurre con los funcionarios administrativos y los de la Defensoría Pública.
Todo esto forma parte de la Ley 53 de 27 de agosto del 2015, que regula la carrera judicial. Allí se estableció que en el Órgano Judicial habrá tres carreras: la judicial, la administrativa judicial y la de la defensa pública. Esas carreras, a su vez, tendrán sus respectivos consejos de administración, que serán los encargados del proceso de selección de los funcionarios.
En este punto, los magistrados de la Corte ya no tendrían injerencia en la selección de los jueces, defensores públicos ni empleados administrativos.
Para la selección de los jueces de garantía y de cumplimiento, estos deberán someterse a una evaluación de desempeño.
Fuentes del Órgano Judicial revelaron que parte de los $15 millones asignados por el Órgano Ejecutivo para impulsar la implementación de la carrera judicial será destinado a establecer la logística necesaria para cumplir con esta etapa de los procesos de evaluación del desempeño y de selección de los aspirantes a ocupar las posiciones vacantes.
Aquí se requeriría la dotación de más equipo y personal para llevar a buen término los procesos de evaluación y selección.
Explicaron que este proceso para la selección de las vacantes de jueces y otros servidores judiciales tardará algún tiempo. Esto es así porque hay que cumplir una serie de pasos para lo que se requiere personal y equipo técnico, así como de la presentación, por parte de los aspirantes, de su documentación, el proceso de evaluación de desempeño y la realización de entrevistas para establecer las competencias y el conocimiento de la ley.
Sin los fondos asignados por el Ejecutivo, las evaluaciones de desempeño se extenderían por meses e, incluso, años.
Algunos funcionarios judiciales han expresado temor por la declaratoria de las vacantes, al estimar que pueden perder los cargos que desempeñan en la actualidad de manera interina.
Hay que recordar que la implementación de la carrera judicial es una vieja aspiración de la sociedad civil organizada y los miembros de la Comisión de Estado por la Justicia, un organismo en el que participan gremios y varias instituciones del Estado, como la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría de la Administración. Sin embargo, varias administraciones de la Corte han aplazado su aplicación, ya sea por falta de presupuesto o de voluntad.
