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Víctimas de los pinchazos se activan: reclaman juicio

Un grupo de acusadores pide que se asigne fecha para el nuevo juicio. Otro exige que se le impongan medidas cautelares al expresidente Ricardo Martinelli.

Víctimas de los pinchazos se activan: reclaman juicio
Un grupo de víctimas del supuesto espionaje político, en una conferencia de prensa, en medio del proceso. Archivo

Los querellantes en el proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos se activaron en los últimos días.

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Pedirán medida cautelar contra Ricardo MartinelliTribunal anula sentencia que favoreció a Ricardo MartinelliVíctimas de ‘pinchazos’ piden que se fije ‘a la brevedad posible’ fecha de audiencia a Martinelli Caso pinchazos: 17 datos del fallo que ordenó anular el juicio que declaró no culpable a Martinelli

Por separado, enviaron cartas a la Segunda Oficina Judicial para pedir que se asigne la fecha del nuevo juicio del caso, luego de que el pasado 21 de noviembre un Tribunal de Apelaciones ordenó anular la sentencia del 9 de agosto de 2019 que declaró “no culpable” al exgobernante , acusado de espiar las comunicaciones de, por lo menos, 150 personas cuando era presidente de la República (2009-2014).

Un grupo de víctimas también envió una carta a la magistrada María Eugenia López, presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que, incluso, apelaron al lema del sistema penal acusatorio: mecanismo de justicia “rápido, moderno y participativo”.

Pinchazos y la ofensiva de los querellantes

Pasaron 17 días desde que un Tribunal de Apelaciones anuló la sentencia del 9 de agosto de 2019 que declaró “no culpable” al expresidente Ricardo Martinelli de la supuesta comisión de los delitos de interceptación no autorizada de comunicaciones y peculado, en el llamado caso de los “pinchazos”.

La sentencia ordenó un nuevo juicio con jueces distintos. Sin embargo, hasta ahora no se ha asignado la fecha. Todo ello, en momentos en que los despachos del sistema penal acusatorio (SPA), particularmente en los tribunales de juicio, se acumulan los expedientes.

De hecho, hay juicios programados para 2022 y 2023. Por ejemplo, el juicio que decidirá la suerte de Oydén Ortega Collado – hijo del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Oydén Ortega Durán, procesado por supuestamente pedir sobornos a cambio de fallos favorables en la Corte– está programado para el 3 de enero de 2022. La fecha quedó asignada el pasado 3 de septiembre.

Tal vez pensando en escenarios como estos, dos grupos de querellantes del caso de los pinchazos se activaron. Un grupo envió una carta a la presidenta de la Sala Penal de la Corte, María Eugenia López, en la que solicitan se asigne “una fecha próxima” para la audiencia de juicio. Precisan que ya pidieron a la Segunda Oficina Judicial –encargada de la agenda de audiencias y juicios– que proceda según “los parámetros y presupuestos” del sistema penal acusatorio, cuyo lema es: “rápido, moderno y participativo”. La misiva está firmada por David Cuevas, abogado que representa a Juan Carlos Navarro; y por Rosendo Rivera, otro de los querellantes.

Mientras que Carlos Herrera Morán, en representación de Balbina Herrera, Mauro Zúñiga y Mitchell Doens –otras de las víctimas del espionaje político supuestamente cometido durante el gobierno de Martinelli– envió otra carta a la Segunda Oficina Judicial, en la que solicitó que “a la mayor brevedad” se agende una audiencia para imponer medidas cautelares a Martinelli, ya que, argumentó, existen “fuertes riesgos procesales que ponen en peligro su comparecencia” a un nuevo juicio.

Al igual que el primer grupo de querellantes, Herrera Morán también exige que se asigne la fecha del juicio oral cuanto antes, ante “el grave, inminente, y notorio peligro” de que prescriba el caso.

Lo que dijo el Tribunal

La sentencia del Tribunal de Apelaciones tuvo el voto favorable de las magistradas Donaji Arosemena y Yiles Pittí, quienes argumentaron, entre otras cosas, que el Tribunal de Juicio integrado por los jueces Roberto Tejeira, Arlene Caballero y Raúl Vergara cometió varios errores de valoración.

Por ejemplo, no ejerció su facultad disciplinaria al permitir a la defensa interrumpir a los testigos y permitirles presentar incidencias y alegaciones en medio de la práctica de pruebas.

Las dos jueces también afirmaron que el Tribunal de Juicio no valoró la relación cronológica que narró el testigo protegido, Ismael Pittí; y sostuvieron que no entienden cómo el testimonio de este perdió credibilidad por “detalles no esenciales”.


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