La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional se reunirá este lunes, 15 de septiembre, para prohijar o no el proyecto de ley que busca eliminar el programa Crisol de Razas, el cual es organizado por el Servicio Nacional de Migración con el propósito de regular el estatus de los extranjeros en el país.
La propuesta fue presentada por la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez, quien explicó que la reunión de la Comisión se dará a las 10:00 a.m.
La iniciativa, también respaldada por los diputados Crescencia Prado, Quibián Panay, Javier Ortega, Leandro Ávila, Rosa Canto, Iracema de Dale, y Elías Castillo, todos del PRD, “busca encontrar solución al problema laboral migratorio que sufre Panamá dada la excesiva liberalización con la que se ha regulado la expedición de residencias temporales y permisos laborales a extranjeros”.
El documento establece modificaciones para que el director general del Servicio Nacional de Migración pueda cancelar la permanencia o residencia en el territorio nacional al extranjero no residente, residente temporal o permanente, en cualquiera de sus categorías migratorias por ser reincidente en no comunicar el cambio de residencia o variaciones en la información suministrada al Registro de Extranjería en el término señalado en la ley o su reglamentación.
El texto establece que el Consejo Consultivo de Migración instalará una mesa de diálogo para la creación de un código migratorio vigente, el cual se someterá a la aprobación de la Asamblea Nacional en el término de un año a partir de la promulgación de la presente ley.
La semana pasada, la vicepresidenta y canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado anunció que el Gobierno realizaría un último Crisol de Razas.
Hasta el momento, se han regularizado 48 mil 633 personas en cuatro años con este programa, según el director de Migración, Javier Carrillo.
En contraste, se le negó la legalización a unos 26 mil por no cumplir con los requerimientos establecidos.
Entre los requisitos para participar en el trámite se encuentran: presentación del historial de antecedentes policivos y penales, contar con 18 años o más, con un año o más de estadía en el país y no haber abierto un trámite de legalización ante el Servicio Nacional de Migración.