¿Por qué la Procuradora Belfon no investiga el caso Finmeccanica?

En los últimos días se han multiplicado las voces que exigen al Órgano Judicial la reapertura del caso por el escándalo de Finmeccanica. Sin embargo, la procuradora general de la Nación, Ana Belfon, ha respondido que el caso ya fue cerrado.



Hoy, 20 de marzo, no fue la excepción. Dijo que no aceptará presiones políticas por este tema. Desde el sector de la oposición apuntan que Belfon tienen “órdenes” del mandatario Ricardo Martinelli de reabrir esa investigación, por sus vinculaciones antes de ocupar el cargo.



Belfon, antes de ser designada procuradora de la Nación el 19 de noviembre de 2012, trabajó como secretaría de Asunto Jurídicos del Ministerio de la Presidencia. Su jefe directo: el mandatario Ricardo Martinelli, mencionado en el expediente sobre corrupción internacional que manejan los fiscales italianos.



Mientras fue funcionaria en la Presidencia, interpuso ante el Ministerio Público en nombre de Martinelli una denuncia para que se investigaran por “presuntos hechos delictivos” a la excandidata presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera. Herrera había divulgado –según Belfon– “información presumiblemente contenida en el correo oficial y/o personal del presidente de la República, cuyos orígenes, contenidos, procedencia o autenticidad se desconocen”.



Los correos eran entre el mandatario panameño y Valter Lavítola, quien fue llamado a juicio en Roma por corrupción internacional en Panamá el próximo 23 de junio. Balbina Herrera fue condenada a tres años de presión en octubre de 2010. No obstante, el presidente, Ricardo Martinelli, le rebajó la totalidad de la condena.



La Procuraduría, sin embargo, no investigó los contenidos de los correos electrónicos. Herrera había difundidos, en diciembre de 2013, correos electrónicos en los que supuestamente el Presidente conversa con Lavítola sobre el pago de sobornos a funcionarios panameños dentro de la negociación fallida para la construcción de cárceles modulares en el país.



Herrera ha dicho que esos correos se los dio el también empresario italiano Mauro Velocci, que fuera representante en Panamá del consorcio Svemark y negoció con el Gobierno las cárceles modulares.



Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, dijo que “es una pena” que mientras el gobierno de India ha puesto querellantes, como parte afectada o lastimada en el proceso en Italia, contra Finmeccanica y Valter Lavítola por el mismo tipo de delito de “corrupción Internacional, sobre costos, coimas, etcétera, en compra y venta de equipos, en Panamá se haya procedido a cerrar las investigaciones".



El artículos 220 de la Constitución establece las atribuciones del Ministerio Público: “Defender los intereses del Estado o del Municipio. Promover el cumplimiento o ejecución de las Leyes, sentencias judiciales y disposiciones administrativas. Vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes".