El juez Decimosexto Penal, Enrique Pérez, multó al exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional, Gustavo Pérez, y a su abogado por "dilatar el proceso". La sanción, a cada uno, es de 100 dólares.
La decisión fue adoptada este lunes 15 de enero, fecha en la que se había programado la audiencia ordinaria por la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el CSN, en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). La audiencia ahora se celebrará en la fecha alterna previamente acordada: del 5 al 9 de marzo.
Pérez no fue trasladado a la audiencia desde el centro penitenciario El Renacer, donde cumple condena por posesión ilegal de armas. Su abogado tampoco se presentó al acto.
El juez se molestó porque Pérez ha presentado reiterados recursos que impiden que el caso avance.
Por este caso también son enjuiciados Alejandro Garuz –otro exsecretario del CSN en el gobierno pasado– y los exagentes de esa entidad Ronny Araúz y William Pittí, quienes se hallan prófugos y tienen órdenes de detención en su contra por este proceso.
Todos están citados por la presunta comisión de los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad.
Por estos mismos hechos, Martinelli está detenido desde el 12 de junio pasado en Miami, Estados Unidos, a la espera de ser extraditado a Panamá. No obstante, su caso lo lleva la Corte Suprema de Justicia, dada su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Más temprano, el abogado de Garuz, Cristóbal Arboleda, había anticipado que la audiencia no se celebraría este lunes, porque el pasado viernes, "una de las partes" presentó un escrito anunciando que requería más tiempo para "recabar pruebas".
El fiscal Especial contra la Delincuencia Organizada, Ricaurte González, precisó que se trata de pruebas "extraordinarias" y, por tanto, deben ser presentadas en el acto de audiencia, como bien reconoció el juez Enrique Pérez.
Garuz accedió por la puerta principal, pero se mantuvo esquivo y alejado de los medios de comunicación.
La investigación realizada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada estableció que hubo un perjuicio a varios ciudadanos, entre los que se encuentran periodistas, políticos, empresarios, sindicalistas, abogados, candidatos presidenciales, diplomáticos y funcionarios, a quienes se les efectuaron escuchas telefónicas y accesos a sus comunicaciones por correos electrónicos no autorizadas legalmente, violándoles su derecho a la intimidad.
