Alianza Ciudadana Pro Justicia criticó duramente al Ejecutivo tras recordar que han pasado siete meses desde que el periodo de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) venció y aún no ha nombrado sus reemplazos.
De acuerdo a la organización, la administración de justicia panameña vive una situación "sin precedentes" y se han perdido varios meses para designar a los nuevos magistrados.
Señaló que "la crisis que enfrenta la administración de justicia" exige el nombramiento de juristas que permitan recobrar la confianza en la Corte Suprema y que lideren el proceso de reformas que se requieren, principalmente en lo relacionado con la implementación de la carrera judicial y la transparencia del sistema de justicia.
Alianza recordó que a principio de año se hicieron nombramientos fallidos debido a la falta de consulta ciudadana. En ese momento fueron designadas por Juan Carlos Varela la fiscal Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar de Zarak.
Tras el rechazo en la Asamblea Nacional, el Ejecutivo hizo correcciones y sometió los nombres de 20 abogados a la Comisión de Estado por la Justicia y le solicitó un proceso de consultas que incluyera sus recomendaciones.
El pasado 22 de junio la comisión concluyó el proceso de consultas y entrevistas y elaboró una pequeña lista de aspirantes.
La comisión recomendó el 27 de junio pasado al Ejecutivo a seis de los 20 candidatos a magistrados de la Corte, para que ocupen las dos vacantes pendientes en la Sala Penal y Sala Civil, tras el vencimiento de los periodos de Jerónimo Mejía y Oydén Ortega el 31 de diciembre de 2017.
Para la Sala Civil sugieren a Juan Francisco Castillo, Luis Camargo Vergara y María Eugenia López Arias.
Mientras que para la Sala Penal recomiendan a Luis Mario Carrasco, María Luisa Vijil Laniado y Maruquel Castroverde.
"Reconocemos como valioso el esfuerzo realizado por la Comisión de Estado por la Justicia y respaldamos la decisión de presentar la recomendación de dos ternas al Presidente de la República, una para la Sala Civil y otra para la Sala Penal, lo que a nuestro parecer ofrece la posibilidad de nombrar a juristas con amplia trayectoria en el Órgano Judicial, con las ejecutorias requeridas y con independencia de criterio", destacó Alianza.
Han transcurrido más de 40 días desde que la Comisión de Estado por la Justicia presentó el informe y el Ejecutivo "sigue sin tomar decisiones, lo que perjudica el adecuado funcionamiento de la administración de justicia", sostuvo la organización.
"El país no puede continuar con estos niveles de irrespeto a la Constitución, que establece claramente el periodo constitucional de un magistrado de la Corte Suprema", agregó.