El magistrado Harry Díaz, actuando en funciones de juez de garantías, negó una solicitud de prescripción de la acción penal y de doble juzgamiento presentada por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli dentro del proceso que se le sigue por una presunta ocupación de tierras en Bahía Honda en el año 2012.
La decisión de Díaz fue comunicada este martes 10 de abril, durante una audiencia solicitada por el magistrado fiscal Abel Zamorano, quien investiga la posible comisión de los delitos contra la libertad individual, extorsión y tráfico de influencias. Díaz reconoció que el delito contra la libertad individual ya prescribió, mientras que los dos últimos "se mantienen vigentes". Sídney Sittón, abogado de Martinelli, anunció apelación.
Hace 20 días, Zamorano solicitó la audiencia a fin de formular la imputación de cargos a Martinelli. No obstante, este martes comunicó al magistrado de garantías que dejaba en suspenso esta decisión, ya que quería incorporar "nuevos elementos de convicción" al expediente.
"Esto no quiere decir que no tengamos una investigación completa y establecida, pero nos toca investigar lo favorable y desfavorable", comunicó Zamorano.
"En un plazo máximo de tres meses solicitaremos la audiencia que corresponda", agregó.
En este plazo, la defensa también tendrá oportunidad de aportar pruebas que ya han sido solicitadas al Ministerio Público.
Magistrado Fiscal desiste de imputación complementaria, hasta que la defensa de diputado del @Parlacen aporte pruebas pendientes. Magistrado de Garantías, en consenso con las partes, establece plazo de 3 meses para concluir la investigación. pic.twitter.com/2s9KjDCMDW
Magistrado Fiscal desiste de imputación complementaria, hasta que la defensa de diputado del @PARLACEN aporte pruebas pendientes. Magistrado de Garantías, en consenso con las partes, establece plazo de 3 meses para concluir la investigación. pic.twitter.com/2s9KjDCMDW
— OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) April 10, 2018
Magistrado de Garantías no accedió a petición de la defensa de diputado del @Parlacen de sancionar a la Procuradora (@PGN_PANAMA) por negación de acceso a pruebas y, además, consideró como querellante legítimo a uno de los ofendidos. La defensa apeló ambas decisiones. pic.twitter.com/TcwtDucuHx
Magistrado de Garantías no accedió a petición de la defensa de diputado del @PARLACEN de sancionar a la Procuradora (@PGN_PANAMA) por negación de acceso a pruebas y, además, consideró como querellante legítimo a uno de los ofendidos. La defensa apeló ambas decisiones. pic.twitter.com/TcwtDucuHx
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Díaz negó la declaratoria de doble juzgamiento o cosa juzgada, ya que considera que la defensa no aportó evidencias de que Martinelli haya sido procesado ya por este caso. "Se ha hecho mención a proceso que se llevan contra terceras personas y por cosas distintas a lo que se lleva en esta Corte", indicó. Según la defensa, el caso ya fue atendido en la provincia de Veraguas, bajo el Sistema Penal Acusatorio (SPA).
Sittón incluso solicitó sancionar a la procuradora Kenia Porcell, porque la fiscal superior de Coclé, Gladys Morán, le negó copia completa de los expedientes que supuestamente fueron instruidos bajo el SPA. Zamorano replicó que todos esos elementos ya fueron incorporados al expediente bajo su instrucción.
En la audiencia de este martes, el magistrado de garantías también reconoció a Simón Morales, un residente de Bahía Honda, como querellante acreditado. Morales estuvo presente en el acto, junto al abogado Donaldo Sousa, quien el 28 de enero de 2015 presentó una denuncia -en representación de Aurelio Camaño- contra el exgobernante, relacionada con la presunta ocupación de 70 hectáreas en la comunidad de Pixvae, al sur de la provincia de Veraguas.
Los hechos ocurrieron entre el 7 y 8 de abril de 2012. Sousa indicó en la audiencia que no denunció a Martinelli en aquel momento, ya que -por su entonces condición de Presidente de la República- tendría que haber sido investigado por la Asamblea Nacional. "Sabíamos que si hacíamos eso en la Asamblea, la suerte que iba a tener eso", dijo Sousa.
El pleno de la Corte, en una audiencia celebrada el 29 y 30 de enero de 2018, indicó que con la admisión de la querella que presentó Sousa, se tiene debidamente presentada la imputación y con ello se suspende el término de prescripción.
UN LUGAREÑO LLAMADO SIMÓN MORALES
En el expediente consta que, el 8 de abril de 2012, Simón Morales fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en la ciudad de Panamá, por agentes del Servicio Aeronaval, sin mediar orden de autoridad y procedimiento legal alguno. Morales alega que su residencia fue derribada con una motosierra y luego fue incendiada. Sittón replicó que posteriormente se comprobó que Morales "le mintió al Ministerio Público. El rancho que dijo que le habían quemado no era de él, y los derechos posesorios que decía le habían usurpado, resulta que los había vendido hace tiempo".
Según el abogado de Martinelli, el proceso iniciado por Morales fue archivado por el Ministerio Público el 15 de agosto de 2012.
No obstante, en la audiencia se leyó un testimonio de Morales, fechado en septiembre de 2017, en la que sostiene que aquella declaración de abril de 2012 fue idea de los agentes aeronavales, "sin mi consentimiento".
Al respecto, Zamorano intervino para señalar que los agentes que trasladaron a Morales a la capital "en ese momento obedecían, como dijo el director de la Aeronaval, al entonces presidente de la República, hoy diputado del Parlamento Centroamericano".
Casi al concluir la audiencia, Sittón se quejó por el trato de Harry Díaz.
"Los derechos fundamentales de mi representado han sido vulnerados", dijo.
Martinelli no compareció personalmente, ya que se encuentra detenido en Miami, desde el 12 de junio de 2017, pero por otro caso: el de la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, en los dos últimos años de su mandato presidencial.
En este proceso, Díaz actúa como magistrado fiscal, mientras que el juez de garantías es el magistrado Jerónimo Mejía.