La Fiscalía Sexta Anticorrupción reiteró este lunes 16 de septiembre que solicitó el llamamiento a juicio de 59 personas por el caso Blue Apple, relacionado con el pago de sobornos a funcionarios por parte de contratistas del Estado. Estas 59 personas enfrentan este proceso por diversos delitos, como blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos, asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos. El pasado 10 de septiembre la fiscalía anticorrupción remitió al Juzgado Décimo Octavo la vista fiscal con dicha solicitud de llamamiento a juicio para 59 imputados. Este juzgado está a cargo de Baloisa Marquínez.
Fiscal Vásquez señala que el expediente se rige por las normas procesales del Sistema Mixto. El Tribunal deberá citar a audiencia preliminar y tomar determinación. pic.twitter.com/3ntbp9mngz
— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) September 16, 2019
En conferencia de prensa, el fiscal Aurelio Vásquez dijo este lunes que, durante la investigación, se descubrieron alrededor de 25 empresas fachadas.
"Estas empresas que llegaron a acuerdos y que fueron homologados aceptaron su responsabilidad e hicieron el retorno del dinero que se pagó", resaltó Vásquez. La cifra del dinero recuperado asciende a 35 millones de dólares.
A su vez, el fiscal Vásquez subrayó que, durante el transcurso de la investigación, se ordenó la detención preventiva de 14 personas. En la actualidad solo hay tres con esta medida. El resto fue beneficiado con fianzas o a través de acciones de habeas corpus.
El Ministerio Público informó también que la fiscalía a cargo de este caso no pudo indagar a unas cuatro personas por estar fuera del país. Sin embargo, los trámites para lograr su extradición se mantienen.
”Se conoce ampliamente que hay empresas con las que se llegaron a acuerdos. Aquellos dieron pie a la recuperación de activos por parte de la Fiscalía, lo que es parte esencial además del fin penal”, detalló el Fiscal Vásquez a los medios de comunicación. pic.twitter.com/IPm5D0YNHO
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Este proceso se abrió el 11 de septiembre de 2017 al detectarse una sociedad "canasta”, creada presuntamente con el fin de recibir sobornos pagados por contratistas del Estado a cambio de agilización de pagos por proyectos asignados entre 2009 y 2014. En febrero pasado, la fiscalía informó que a través de la sociedad Blue Apple se detectó una posible lesión patrimonial de $78.3 millones.
