VISTA FISCAL

Fiscalía pide juicio para 15 personas en caso de las mochilas escolares

Después de varias prórrogas, la Fiscalía Segunda Anticorrupción concluyó la investigación, en la que pidió llamar a juicio a 15 personas.

Leslie Loaiza y sus polémicas decisiones

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través de los contratos para la compra y distribución de mochilas se habría causado un posible daño al Estado de $14.2 millones, según la auditoría de la Contraloría.  través de los contratos para la compra y distribución de mochilas se habría causado un posible daño al Estado de $14.2 millones, según la auditoría de la Contraloría.
través de los contratos para la compra y distribución de mochilas se habría causado un posible daño al Estado de $14.2 millones, según la auditoría de la Contraloría. LA PRENSA/Archivo

La Fiscalía Segunda Anticorrupción envió el viernes pasado al Juzgado Decimoquinto Penal, a cargo del juez Leslie Loaiza, la vista fiscal de la investigación por supuestas irregularidades en los contratos para la distribución de mochilas escolares entre 2010 y 2014, con un pedido de llamamiento a juicio para 15 personas, entre ellas 7 exfuncionarios del gobierno pasado y 8 empresarios.

La fiscal segunda Anticorrupción, Vielka Broce, solicitó llamar a juicio a los dos exdirectores del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia Jaén, además de Julissa Stanziola, y Abraham Williams, quienes laboraban en la referida institución.

Asimismo, la fiscal solicitó el llamado a juicio para la exministra de Educación Lucy Molinar y la exdirectora administrativa de esa entidad, Berta Roldán. 

Además, pidió al juez enjuiciar a Adolfo Chichi De Obarrio, ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli.

La vista fiscal también solicita que se encauce criminalmente a los empresarios Poulett Morales, Franklin Araúz, Pablo Ruiz Obregón, Roberto Luzcando, Roberto Brin, Mario Martinelli Berrocal, Carlos Caneto Araúz y Jaime Antonio Ruiz.

ANTECEDENTES

Una auditoría de la Contraloría General de la República, fechada en junio de 2015, determinó que en este caso hubo un posible perjuicio económico al Estado  

por $14.2 millones en los contratos dados a través del Meduca y el PAN para las mochilas escolares.

El informe concluyó que $5.1 millones de la posible lesión corresponden al monto pagado por el Meduca y $9.1 millones a los contratos adjudicados por el PAN.

EL DESTAPE

Al rendir declaración indagatoria ante la fiscalía, el 15 de abril de 2015, el exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén destapó el escándalo y reveló la presunta trama de corrupción detrás de los contratos.

Guardia Jaén salpicó a Chichi De Obarrio, a quien señaló como la persona que le daba las instrucciones sobre cuáles eran las empresas a favorecer con la adjudicación de los contratos de las mochilas.

Detalló que comisionó a su asistente en el PAN, Abraham Williams, para que cumpliera al pie de la letra las instrucciones provenientes de la Presidencia. 

Reveló que de las nueve empresas que participaban en las licitaciones, “escogía solo tres, con las cuales todo estaba arreglado”.

Entre esas empresas mencionó a tres que pertenecían a un grupo y cuyos representantes eran: Félix Fernández, Poulett Morales y Carlos Caneto Araúz. 

Guardia Jaén dijo que de esos tres empresarios a la única que conocía era a Poulett Morales, “ya que ella iba personalmente al PAN y era atendida por el señor Williams”.

Como jefe del PAN, Giacomo Tamburrelli también otorgó varios contratos para distribuir las mochilas en diciembre de 2010.

En la trama también se involucró a Julissa Stanziola, exasesora del PAN, prima del actual jefe de la Dirección de Asistencia Social –entidad que sustituyó al PAN–, Rafael Stanziola.

OTROS IMPLICADOS

Según la auditoría de la Contraloría, a la exministra de Educación Lucy Molinar se le relaciona, pues como titular del Meduca aprobó los contratos S-10-2011, S-11-2011 y S-12-2011 para el suministro, transporte, entrega y descarga de mochilas y útiles escolares a nivel nacional en 2012.

Berta Roldán, exdirectora Nacional de Administración de Meduca, fue la funcionaria que presentó el informe técnico oficial, en el que se justificó los motivos de la contratación directa de varias empresas para las mochilas.

EMPRESARIOS

Poulett Morales, representante legal de la empresa APM Supplies, obtuvo un contrato por la suma de $1.8 millones para las mochilas y a través de Comercializadora Galbedusa Panamá, S.A., otro más por el valor de $3.9 millones. En está última empresa también figuraba Franklin Araúz para quien la fiscalía, igualmente, pidió llamamiento a juicio.

Según el informe de la Contraloría, las empresas de Morales incurrieron en faltas como la entrega de mochilas escolares en áreas distintas a las establecidas en el contrato, lo que ocasionó que los directores de los centros educativos, así como miembros del club de padres de familia, tuvieran que retirar las bolsas escolares en centros de acopio que fueron instalados por la compañía APM Supplies.

En relación con la Comercializadora Galbedusa Panamá, S.A., vinculada con el contrato DC-366-2013, los almacenistas indicaron en las actas de aceptación final que las mochilas no fueron inventariadas por personal del PAN, contraviniendo lo establecido en el contrato.

Caneto Araúz es señalado por presuntas anomalías con la compañía Unitel Trader, S.A., que recibió $1.6 millones; y con la sociedad Inc. Consultoría, S.A., a la que se le adjudicó un contrato de $1.4 millones.

La auditoría indica que la empresa Unitel Trader está vinculada con el caso, pues entregó las mochilas escolares en lugares distintos a los establecidos en el contrato.

A la otra empresa de Caneto Araúz, Inc. Consultoría, S.A., se le relaciona, toda vez que el acta de aceptación final y la nota que indica el recibido a satisfacción de las mochilas fueron firmadas por el almacenista Jean Carlos Asprilla y por Eliécer Tuñón, empleado de Caneto Araúz.

Sin embargo, Asprilla manifestó en su testimonio que no verificó ni incluyó en el inventario dichas mochilas. A su vez, Tuñón declaró que desconoce las transacciones que indican los 

documentos, ya que solo se limitó a firmarlos a solicitud de Caneto Araúz, quien era su jefe en la empresa.

A Pablo Ruiz Obregón se le vincula con los hechos por ser el representante de Hialing Corporation y Vafepa, S.A., que recibieron$ 1.6 millones y $3.7 millones, respectivamente, en contratos para las mochilas.

Los comerciantes que componen el resto de personas para quienes la fiscalía solicitó llamamiento a juicio son: Mario Martinelli (hermano del expresidente Ricardo Martinelli), Roberto Luzcando, Roberto Brin y Jaime Ruiz, fueron socios de Ruiz Obregón.

En declaraciones ante la fiscal, Ruiz Obregón dijo que los negocios de sus empresas con el PAN se efectuaban por orden de Mario Martinelli, Roberto Luzcando y Roberto Brin.

Señaló que Mario Martinelli no llevaba la representación legal de las sociedades Hialing y Vafepa, porque no quería vender directamente al Estado, sino ser proveedor de los productos a través de una tercera empresa.

Martinelli era la persona que le indicaba a qué precios debía realizar la oferta al Estado y posteriormente le indicaba a quién debía realizar los pagos de proveedores, acotó Ruiz Obregón.

En otro aspecto, identificó al hermano del expresidente Ricardo Martinelli como su socio “capitalista”.

Sobre Brin, quien es ejecutivo del Súper 99, dijo que le acompañó a todos los actos de homologación en el Meduca y era el gestor del programa de las mochilas con esa entidad.

Con respecto a Luzcando, declaró que recibió el 25% de las ganancias de los contratos para las mochilas.

De las 15 personas sindicadas por la fiscalía en este proceso, únicamente el exjefe del PAN Rafael Guardia Jaén está detenido; el resto tiene medidas de país y de casa por cárcel.

Corresponderá al juez Leslie Loaiza fijar la fecha de la audiencia preliminar de este caso de alto perfil, cuya investigación se inició por denuncia que interpuso, en septiembre de 2014, la Asociación de Profesores de la República de Panamá.

Leslie Loaiza y sus polémicas decisiones

Cuando fungió como juez segundo municipal, Leslie Loaiza ordenó el archivo definitivo del proceso penal por el bloqueo a Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa).

En septiembre de 2014 fue ascendido a juez decimoquinto de circuito penal. El 27 de agosto de 2014, Loaiza emitió el fallo en el que se archiva el caso por el bloqueo a las instalaciones de Corprensa por parte de trabajadores de la empresa Transcaribe Trading, ocurrido el 2 y 3 de agosto de 2012.

Fungiendo como juez decimoquinto penal, en lo relativo al proceso por la compra de mochilas escolares, otorgó fianzas de excarcelación y cambió la medida de detención preventiva que la Fiscalía Segunda Anticorrupción dictó contra varios sindicados, entre ellos los empresarios Poulett Morales y Pablo Ruiz Obregón.

El 30 de enero pasado, Loaiza también concedió fianza de excarcelación de $2 millones a Mario Martinelli, hermano del expresidente, sindicado en el caso.

(Carlos Alberto Vargas)

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