El Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA) solicitó a sus agremiados enviar a esta instancia las denuncias éticas y penales que tengan colegas y litigantes.
La petición es para que estos documentos sirvan de argumento al CNA en el Pacto de Estado para "evitar que se nombren a funcionarios violadores de la ética y de la Ley Penal", en referencia a la próxima selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
"Por disposición del Órgano Ejecutivo, el Pacto de Estado por la Justicia, del cual el Colegio Nacional de Abogados es parte, tendrá una función extraordinaria: someter al escrutinio público la lista de los candidatos que le someta el Ministerio de la Presidencia", explicó el CNA a sus agremiados a través de un boletín informativo.
"Colegas estamos advertidos y es el momento de ejercer nuestra voz. Envíen cualquier información por falta a la ética que tengan. Por supuesto, la misma debe estar documentada. No aceptamos remisiones, ni denuncias anónimas", continúa el comunicado.
"El Colegio Nacional de Abogados verificará si los nominados por el Ejecutivo para la Corte Suprema de Justicia hay sancionados por la falta a la ética o si sobre ellos pesa algún trámite en el cual el Tribunal de Honor del CNA ha solicitado a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte alguna sanción disciplinaria", añade el documento.
El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán; el titular de Gobierno, Milton Henríquez; y el ministro consejero, Francisco Sierra; junto con el Departamento de Asesoría Legal de la Presidencia, se encargarán de depurar la lista de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Escogerán a los 10 candidatos que se someterán al escrutinio de organizaciones de la sociedad civil organizada antes de que la lista llegue a manos del presidente Juan Carlos Varela, quien junto con su Gabinete elegirá a los reemplazos de los magistrados a los que se les vence, el 31 de diciembre próximo, el período para el cual fueron nombrados.
Uno ocupará la vacante que dejó Víctor Benavides en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, tras su renuncia en junio pasado en medio de una investigación judicial; y el otro reemplazará a Harley Mitchell, presidente de la Sala Primera de lo Civil.
La designación de los magistrados es potestad del Presidente y su Gabinete, tal como lo establece la Constitución, pero Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), opina que el hecho de que se presente a la ciudadanía la lista y que se les permita emitir observaciones “es un significativo avance para la búsqueda de la independencia y la credibilidad que deben tener los nuevos magistrados, y por ende en la recuperación de la confianza que debe tener la ciudadanía en la justicia”.