El expresidente es investigado por otorgar 355 indultos

El 10 de mayo será la audiencia de imputación de cargos a Ricardo Martinelli

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Carlos Carrillo (centro) sustentó el escrito de objeción en la audiencia ante el juez de garantías, José Ayú Prado. Carlos Carrillo (centro) sustentó el escrito de objeción en la audiencia ante el juez de garantías, José Ayú Prado.
Carlos Carrillo (centro) sustentó el escrito de objeción en la audiencia ante el juez de garantías, José Ayú Prado. LA PRENSA/Isaac Ortega

El magistrado José Ayú Prado, en funciones de juez de garantías, anunció que el próximo miércoles 10 de mayo, a las 9:00 a.m., se celebrará una audiencia para imputar cargos al expresidente de la República y diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Ricardo Martinelli (2009-2014), como parte del proceso que se le sigue por otorgar 355 indultos a poco de culminar su gestión.

Así lo comunicó Ayú Prado este lunes 3 de abril, a poco de culminar una audiencia convocada originalmente para resolver un incidente de objeción, presentado por la defensa de Martinelli, quien no compareció personalmente al proceso.

Ayú Prado comunicó que la Oficina Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se encargá de tramitar las notificaciones para que Martinelli concurra a la audiencia del próximo 10 de mayo. El expresidente  supuestamente reside en Miami, Estados Unidos, desde que abandonó Panamá el 28 de enero de 2015.

Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, anunció que solicitará la nulidad del caso, por tres razones. La primera es que -según él- no se han hecho los trámites para el "levantamiento de las prerrogativas" de las que gozan su cliente, como parlamentario centroamericano. Igualmente, sostiene que en el proceso se viola el principio constitucional de doble instancia. Por último, se queja porque los magistrados que actúan como fiscales y jueces de garantías "interactúan" al mismo tiempo.

LA OBJECIÓN

La audiencia de este lunes 3 de abril fue convocada para resolver un incidente de objeción presentado por Martinelli, en el que se alega que éste no puede ser procesado por otorgar los indultos, dado que éstos fueron revocados dos meses después de su emisión por el presidente Juan Carlos Varela.

“Los indultos no han sido declarados ilegales o inconstitucionales por autoridad alguna. La revocatoria no implica ilegalidad”, indicó Carrillo.

Igualmente, alega que en la Corte hay jurisprudencia que señala que el presidente de la República no es responsable de los decretos que firme, con el ministro del ramo correspondiente, en el ejercicio del cargo.

El magistrado Abel Zamorano, que actúa como fiscal del caso, replicó que todos los argumentos esgrimidos por Carrillo "fueron discutidos ya por el pleno de la Corte, cuando admitió la denuncia". 

El 16 marzo, Zamorano solicitó audiencia para la imputación de cargos a Martinelli. 

LOS ANTECEDENTES

En 2014, la Procuraduría General de la Nación remitió a la CSJ una denuncia para que se determinara la responsabilidad disciplinaria, penal o patrimonial contra los funcionarios que otorgaron 355 indultos repartidos en 19 decretos en junio de 2014. Dichos indultos fueron revocados dos meses después por Varela.

La Constitución Política faculta al presidente de la República a otorgar indultos, únicamente en casos políticos, no comunes.

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