Luis Cucalón, exjefe de la Dirección General de Ingresos (DGI), y Cristóbal Tobín Salerno, comerciante ligado a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), informaron a la juez primera penal, Agueda Rentería, su disposición a lograr un acuerdo de pena con la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, dentro del proceso que se les sigue por la presunta comisión del delito contra la administración pública (peculado).
En la audiencia celebrada la mañana de este lunes 18 de septiembre, ambos plantearon sobre esta posibilidad y el fiscal Adecio Mojica comunicó estar anuente a ello.
Antes de entrar a la fase de alegatos, el abogado de Cucalón, Alberto Cuentas, pidió la palabra para solicitar la suspensión del acto, dado que -explicó a la juez- acaba de recibir el poder para representar a su cliente y necesita tiempo para examinar el expediente.
La juez convocó a las partes para el próximo 26 de octubre.
Cucalón regresó al penal El Renacer. En la audiencia, la juez rechazó una solicitud de su abogado para cambiar la medida cautelar de detención preventiva por una de arresto domiciliario. Rentería dijo haber analizado los informes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), donde consta que la salud de Cucalón es "estable". El exfuncionario tomó la palabra e indicó que el tiempo que permaneció en el Hospital Punta Pacífica estuvo bajo custodia policial.
"No estaba en un hotel cinco estrellas... Casi me muero", remarcó. Contó que cuando fue hospitalizado, no podía "ni caminar". Admitió que fumaba hasta tres paquetes de cigarrillo al día y que cuando ingresó al hospital "tenía seis de hemoglobina".
El pasado 12 de septiembre, la juez ordenó el traslado de Cucalón a El Renacer tras cambiarle la medida de depósito hospitalario, la cual cumplió por dos años en el Hospital Punta Pacífica.
Cucalón fue conducido desde las 7:00 a.m. de El Renacer a la sede del Órgano Judicial, en Ancón. Llegó esposado, vistiendo un sencillo suéter blanco y pantalón jean oscuro y con aparente buen aspecto físico; estaba custodiado por agentes de la Dirección General del Sistema Penitenciario.
Salerno, a través de su abogado, presentó una solicitud de acumulación y un incidente de nulidad. Ambos fueron rechazados por la juez en el acto y la defensa anunció apelación.
A la audiencia también comparecieron María Alejandra Salerno –hija de Tobín Salerno–, Magaly Ramos, Edgardo González e Irasema Sánchez, todos ligados a CISA, empresa que en el gobierno pasado tenía el contrato exclusivo para cobrar la cartera morosa del Estado.
La audiencia se celebró a puerta cerrada y sin presencia de los medios de comunicación.
Aunque la juez había decidido que la audiencia se realizara a puerta cerrada y sin participación de los medios de comunicación, los periodistas pudieron ingresar a la sala.