El Órgano Judicial le otorgó a la Fiscalía Primera Anticorrupción cuatro meses más para continuar la investigación relacionada con supuestos sobrecostos en la rehabilitación y ampliación de la autopista Arraiján–La Chorrera (22.3 kilómetros), que ejecutó a un costo de $152.6 millones la empresa Transcaribe Trading (TCT).
La información fue confirmada por la fiscal, Tania Sterling.
El contrato con TCT para ampliar la autopista fue concretado por Federico Suárez, extitular del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
La fiscal Sterling adelantó que realizará una inspección ocular en la obra con la ayuda de expertos de la Universidad Tecnológica de Panamá.
Precisó que ya tomó declaración jurada a los funcionarios de la Asamblea Nacional y del MOP que elaboraron una auditoría en la que se detectaron supuestos sobrecostos en el proyecto carretero por $63 millones.
En el citado informe, elaborado en noviembre de 2015, se señalan que en varios aspectos de la obra vial, el cobro del contratista –la constructora TCT– excede los precios del mercado.
El informe se refiere específicamente a la colocación de material selecto, de capa base y hormigón asfáltico.
El documento también arrojó que en la obra se estableció la construcción de un intercambiador Vista Alegre–El Tecal, con forma de trébol de cuatro hojas, por $4.8 millones.
Pero, en la cuarta adenda hecha al contrato, firmada en julio de 2013 por Jaime Ford, entonces titular del MOP, y Daniel Ochy, en representación de TCT, se duplicó el precio del intercambiador a $9.4 millones y no se construyó con el diseño de trébol previsto originalmente.
El informe fue elaborado por la comisión de Infraestructura Pública de la Asamblea Nacional y entregado en enero de 2015 por el entonces presidente de esa instancia, el diputado panameñista José Antonio Domínguez, al actual titular del MOP, Ramón Arosemena, quien prometió que investigaría el caso.
Esta investigación se inició en agosto de 2015, luego de que el abogado Francisco Zappi presentara la denuncia ante el Ministerio Público, por supuestos delitos contra la administración pública.