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NUEVO SISTEMA DE JUBILACIÓN EN LA POLICÍA NACIONAL

Decreto Ejecutivo, entre polémica legal y conflicto de interés

Una demanda de nulidad ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo fue interpuesta contra este decreto ejecutivo.

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El ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt (Der.), es uno de los oficiales de la Policía Nacional que serán beneficiados por esta nueva normativa. El ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt (Der.), es uno de los oficiales de la Policía Nacional que serán beneficiados por esta nueva normativa.
El ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt (Der.), es uno de los oficiales de la Policía Nacional que serán beneficiados por esta nueva normativa. LA PRENSA/Archivo

El pasado miércoles 31 de agosto, el Gobierno impulsó una nueva normativa en las jubilaciones de quienes pertenezcan a la Policía Nacional, a través del Decreto Ejecutivo 302.

“Se adiciona un parágrafo al artículo 364 del Decreto Ejecutivo 172 de 29 de julio de 1999, el cual queda así: Artículo 364. Los miembros de la Policía Nacional tendrán derecho a ser jubilados por los siguientes motivos: En el caso de personal juramentado por la Policía Nacional que hayan sido designados por el Órgano Ejecutivo en los cargos de ministro, viceministro, director general, subdirector general, secretario ejecutivo y/o subsecretario ejecutivo, que prestan sus servicios en otras dependencias del Estado, se les aplicará lo preceptuado en el artículo 55 de la Ley 93 de 2013”.

Esta última ley que menciona el decreto, y que se le aplicará a estos cargos, es la que reorganiza el Servicio Nacional Aeronaval (Senan). Y dice lo siguiente: “Los oficiales que han ocupado cargos de director general y subdirector general, que hayan cumplido un mínimo de 25 años de servicios continuos, podrán pasar a jubilación con el 100% del último salario devengado en el cargo”.

De acuerdo con el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, esta disposición únicamente intenta darle continuidad a los miembros de la Policía Nacional que decidan aceptar un ofrecimiento en estos cargos gubernamentales.

“[Este decreto busca garantizar que un miembro de los estamentos de seguridad que va al Gobierno, a los cargos mencionados en el decreto, no pierdan el beneficio de la Ley de 1997 de la Policía Nacional”, dijo Alemán.

“No estamos creando una jubilación especial, ni vamos a quebrar a la Caja de Seguro Social”, añadió el funcionario, quien explicó que quienes apliquen a esta nueva normativa se jubilarán con el último salario que recibieron como oficial de la fuerza pública.

Sin embargo, la ley utilizada para aplicar este decreto es ambigua. “Podrán pasar a jubilación con el 100% del último salario devengado en el cargo”, reza el artículo 55 de la ley que reglamenta al Senan. A diferencia de este, el artículo 99 de la Ley 18 de 1997, que reglamenta a la Policía Nacional, es mucho más conciso.

“Los miembros de la Policía Nacional tendrán derecho a ser jubilados por los siguientes motivos: Haber cumplido 25 años de servicios consecutivos o 30 años de servicios no continuos prestados dentro de la institución. La jubilación conlleva el derecho a percibir la suma correspondiente al último sueldo devengado”, asegura esta ley. Es decir, deja claro que el último salario que devengarán es el percibido dentro de la institución. No habla de cargo, como lo hace la ley que organiza el Senan.

Por último, Alemán precisó que, al igual que las jubilaciones regulares de los oficiales de la Policía Nacional, el Gobierno deberá pagar su jubilación total hasta que llegue a la edad estipulada por la Caja de Seguro Social (CSS), que son 62 años. Después de eso, esta última institución paga hasta su tope de $2 mil 500. El excedente lo debe pagar el Gobierno.

Por ejemplo. Alexis Bethancourt, actual ministro de Seguridad Pública, tiene el rango de subcomisionado dentro de la Policía, con un salario de $2 mil 500. Si se jubilara esta semana, el Gobierno debiera de pagar esos $2 mil 500 hasta que llegue a los 62 años. A partir de entonces, la totalidad de su jubilación correrá por cuenta de la CSS, al estar dentro del tope.

Por otro lado, si esta semana se jubilara Belsio González, director del Senan, el Gobierno debiera correr con una jubilación mensual de $9 mil 186, al ser este su salario actual. Al llegar a los 62 años, la CSS pagará $2 mil 500, y el Gobierno $6 mil 686 para igualar su salario al momento de jubilarse.

MÉTODO CONFUSO

Entre los principios básicos del derecho aparece la famosa ‘pirámide de Kelsen’, una teoría del austriaco Hans Kelsen que establecía el orden de las normativas legales.

En la cima de la pirámide está la Constitución, como principal fuente del derecho. Abajo, las leyes creadas por la Asamblea Nacional y ratificadas por el Ejecutivo.

En el tercer escalafón de la pirámide, por fin, aparecen los decretos del Ejecutivo. En otras palabras, las leyes no pueden modificar a la Constitución, ni los decretos a las leyes. Cuestión de jerarquía legal.

Sin embargo, el Decreto 302, del 31 de agosto pasado, habría intentado modificar una ley sin pasar por la Asamblea Nacional.

Este decreto habría magnificado la amplitud de la Ley 93 de 2013, que reorganiza el Senan, al aplicarla a nuevos cargos dentro del Gobierno Central.

DEMANDA DE NULIDAD

En este sentido, el abogado Ernesto Cedeño interpuso una demanda de nulidad ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia contra este decreto.

De acuerdo con el recurso presentado por Cedeño, el decreto ejecutivo modifica el artículo 55 de la Ley 93 de 2013, del Senan, que posibilita a “ los oficiales que han ocupado cargos de director general y subdirector general, que hayan cumplido un mínimo de 25 años de servicios continuos, podrán jubilarse con el 100% del último salario devengado en el cargo”.

A juicio de Cedeño, el decreto hace extensivo este beneficio a otros miembros de los estamentos de seguridad del Estado, cuando la norma solo regula lo relacionado a los miembros del Senan.

Así mismo, detalla que en este caso se trata de una acción ilegal. Sustenta que un decreto no puede estar por encima de una ley, ya que la Ley 93 de 2013, en su artículo 55, establece que este beneficio es solo aplicable a los miembros del Senan.

Recalcó que la Sala Tercera puede ordenar la suspensión provisional del decreto hasta resolver el fondo de la demanda.

Además, el decreto no solo fue firmado por el presidente Juan Carlos Varela, sino por el propio ministro Bethancourt, quien será uno de los beneficiados por la nueva normativa.

Según el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos que laboran en las entidades del Gobierno Central, en su artículo 24, “el servidor público no debe obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, amparándose en el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia”.

En este sentido, la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín, advirtió de la existencia de un conflicto de intereses.

“A nosotros nos parece un conflicto de interés que a un funcionario que se va a beneficiar de esa medida sea el que suscriba ese decreto; vamos a solicitar información al respecto porque no consideramos que sea lo más correcto”, señaló.

Consideró que ese decreto debió ser un decreto del Consejo de Gabinete posiblemente, pero no del Ministerio de Seguridad Pública, cuando el propio ministro va a ser uno de los beneficiados.

“La Antai no tendría mucho alcance de poder actuar y poner sanciones, pero habrá quienes interpongan los recursos ante la Corte Suprema de Justicia y nosotros haremos las gestiones en el ámbito administrativo para conocer el fundamento de esta decisión, que no la compartimos”, enfatizó.

(Con información de Luis Burón, Aminta Bustamante, Gustavo Aparicio, Juan Díaz y Urania Molina).

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