El Órgano Ejecutivo invocó una ley sancionada hace 19 años para justificar el Decreto Ejecutivo 302 del 31 de agosto pasado, que otorga una jubilación especial de aquellos miembros de la Policía Nacional (PN) que presten servicios en otras instituciones del Estado, ya sea como ministros, viceministros, directores, subdirectores, secretarios o subsecretarios generales.
“Lo único que se ha hecho [al Decreto Ejecutivo 302 de 2016] es agregar un parágrafo al artículo 364 [del Decreto Ejecutivo 172 del 29 de julio de 1997], que dice que en el caso de personal juramentado de la PN que haya sido designado por el Órgano Ejecutivo se le aplicará lo preceptuado en el artículo 55 de la Ley 93 de 2013, promulgada durante el gobierno del señor [Ricardo] Martinelli, que garantiza que la jubilación será el último sueldo del Estado”, explicó Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia.
El artículo 55 de la Ley 93 de 2013 –que es la ley que reorganiza el Servicio Nacional Aeronaval (Senan)- señala que “el personal separado de manera definitiva del servicio activo pasará al estado de jubilación si ha cumplido el tiempo de servicio reglamentario… Los oficiales que han ocupado cargos de director general y subdirector general, que hayan cumplido un mínimo de 25 años de servicios continuos, podrán pasar a jubilación con el 100% del último salario devengado en el cargo”.
“¿Por qué se hizo esto? Porque no era justo perjudicar a un oficial de la PN que acepta un cargo en el gobierno civil y que esa persona, por prestar un servicio como ministro, viceministro, director, subdirector, secretario o subsecretario ejecutivo, vaya a perder un derecho que está contemplado en la ley orgánica de la PN”, señaló Alemán.
“No es cierto, por lo tanto, que en este Decreto Ejecutivo se está estableciendo una obligación especial para los oficiales de la PN. El régimen de jubilación especial que tiene la policía data de la Ley 18 de 1997, aprobada durante el gobierno del señor Ernesto Pérez Balladares, es decir un gobierno del Partido Revolucionario Democrático”, agregó.
El Decreto Ejecutivo 302 lleva la firma del presidente Juan Carlos Varela y del ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt, quien –coincidentalmente- sería uno de los miembros de la PN beneficiados con la jubilación especial. Está vigente desde su promulgación en Gaceta Oficial, el pasado 2 de septiembre.
Este martes 6 de septiembre, el abogado Ernesto Cedeño presentó una demanda de nulidad contra el Decreto Ejecutivo 302. Cedeño alega que la norma impugnada “rebasó la permisibilidad de la ley, habida cuenta que hace extensivo un privilegio que la Ley 93 de 2013 no consagró, y es posibilitar que el personal juramentado de la PN que haya sido designado en puestos importantes por el Poder Ejecutivo, pueda jubilarse con el último sueldo devengado en el cargo”.
El demandante solicitó que a Bethancourt se le exija un informe de conducta.