La Fiscalía Primera Anticorrupción siguió este miércoles con las indagatorias a tres exmiembros de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA) y al ex gerente general de ese banco estatal, como parte de la investigación relacionada con la línea de crédito hasta por $10 millones concedida al consorcio HPC-Contratas-P&V, encargado de la construcción del centro de convenciones de Amador.
Los exdirectivos Fernando Correa Jolly, Anastacio Ruiz De León y Ricardo Arango Pezet volvieron a la fiscalía para seguir con sus descargos, proceso que iniciaron la semana pasada.
Además, el exgerente de la entidad Jayson Pastor concurrió por cuarto día ante la fiscal Tania Sterling, a fin de seguir declarando.
Mientras transcurrían las indagatorias, afuera del edificio Avesa, sede de las fiscalías Anticorrupción, se concentró un grupo de personas en apoyo a los exdirectivos de la CA.
Correa Jolly fue el primero en salir de su indagatoria, pasadas las 6:00 p.m., y reveló que la fiscalía no le ha impuesto ninguna medida cautelar y que debe regresar el próximo viernes para seguir con la diligencia.
“Nosotros, los que estuvimos dentro de la junta directiva en la Caja de Ahorros, hicimos todo lo que la ley nos permitió”, dijo Correa.
“[Es como] un acoso... es como tener el cuchillo en el cuello”, expresó Correa al salir del edificio Avesa.
Ángel Calderón, abogado de Correa, expresó su confianza en que se demostrará la inocencia de su cliente en el proceso.
Calderón detalló que el punto central en que se dirigió la diligencia, ayer, fue sobre la supuesta existencia del delito de peculado en la aprobación del préstamo a HPC-Contratas-P&V por parte de la junta directiva de la CA, el 11 de diciembre de 2012.
Fuentes judiciales informaron que Anastacio Ruiz De León y Ricardo Arango Pezet también deberán comparecer mañana, viernes, junto con el exgerente del banco Jayson Pastor, para proseguir con la diligencia.
ESTATUS DEL PROCESO
En tanto, fuentes del Ministerio Público (MP) dijeron que los abogados de los imputados que han acudido a la fiscalía han participado en las diligencias que se han evacuado hasta ahora e incluso han presentado escritos de pruebas. Hasta ahora, de todos los imputados en el caso (ver tabla), la fiscalía desconoce del paradero de Manuel Morales, representante legal de HPC-Contratas-P&V, y de Ricardo Chanis, exmiembro de la junta directiva de la CA. Ambos tienen orden de conducción emitidas por la fiscal Sterling.
DIRECTIVOS NO SIGUIERON LOS PROCEDIMIENTOS
Al negar fianzas de excarcelación a Riccardo Francolini y a Rodrigo Arosemena, expresidente de la junta directiva y exsubgerente de la CA, respectivamente, la jueza decimotercera penal, Alina Hubiedo, concluyó lo siguiente: “Se ha indicado en autos que el préstamo fue cancelado, no obstante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 344 del Código Penal, si se reintegran los dineros y sus intereses objeto del delito, ello podría entrar a considerarse en otra fase del proceso, en caso de llegar a una etapa de dosificación judicial de la pena, pero los hechos investigados en esta causa se ajustan al tipo penal imputado (peculado)”.
Y en relación con el peculado, recordó que este “no es el daño patrimonial por el delito lo que domina el mandato legislativo, sino la ofensa que recibe la administración pública, contra la fidelidad que todo funcionario público debe emplear en el manejo del dinero y bienes a su cargo, por las funciones que le han sido asignadas”.
La jueza insistió que es la fidelidad en el manejo del dinero, los bienes y valores lo que salvaguarda el bien jurídico tutelado, denominado administración pública.
En su dictamen, la jueza alegó que la línea de crédito suscrita con HPC-Contratas-P&V no estaba firmado por Arosemena y al no estar firmada no se podía realizar la inscripción en el Registro Público; por ende, la finca puesta en garantía a favor de la CA no tenía hipoteca, pero de igual forma el préstamo fue aprobado por la junta directiva, por lo que sus miembros no cumplieron con las funciones de su cargo.
También concluyó que el manual de procedimiento de la CA no fue cumplido al momento de la suscripción del contrato, tal como se estableció en el informe de auditoría interna realizado a petición de la propia CA.
La jueza hizo referencia a la declaración de Voldy Wedemeyer, gerente de Crédito Corporativo de la CA, quien aseguró que la responsabilidad del desembolso del crédito recae sobre el subgerente o la junta directiva; y citó el testimonio de la auditora Griselda Pinnock, quien participó en la auditoría interna, según el cual las facilidades de crédito concedidas a HPC-Contratas-P&V se desembolsaron sin la solicitud de crédito respectiva, lo que contravino el manual de crédito.
