TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Fallo revive contrato del proyecto Riego de Tonosí

Un polémico contrato que la empresa Hidalgo & Hidalgo firmó con el Estado y resuelto por el MIDA por la vía administrativa recobró vida jurídica en abril pasado.

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Un anticipo de más de 30 millones de dólares que recibió H&H para el proyecto fue repartido entre sociedades que nada tenían que ver con esa obra.  Un anticipo de más de 30 millones de dólares que recibió H&H para el proyecto fue repartido entre sociedades que nada tenían que ver con esa obra.
Un anticipo de más de 30 millones de dólares que recibió H&H para el proyecto fue repartido entre sociedades que nada tenían que ver con esa obra. LA PRENSA/Archivo

En fallo del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP) revivió el polémico contrato del proyecto Riego de Tonosí, que fue terminado por  

el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en noviembre pasado.

De acuerdo con el fallo, la resolución en la que el MIDA resolvió administrativamente el contrato no fue publicada en el expediente electrónico del sitio web PanamaCompra, sino en otra parte de la página, identificada como “lo más reciente”.

Por este tecnicismo, los magistrados del Tribunal concedieron un recurso de apelación que interpuso la empresa ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo (H&H), contratista del Estado para el diseño y construcción del proyecto Riego de Tonosí.

La empresa alegó que se violó el debido proceso al dejarla en indefensión jurídica.

Uno de los contratos más cuestionados durante la administración de Ricardo Martinelli –de $155 millones para el proyecto Riego de Tonosí– revive, gracias a un fallo del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, que le concedió una apelación al abogado de la empresa ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo (H&H).

Este contrato había sido resuelto administrativamente por el MIDA mediante una resolución en la que se destaca que las “dificultades que se presentaron para la ejecución del proyecto persisten y no tienen visos de solución, lo que ha tornado el proyecto inviable.

Además, esa resolución tiene como base otro aspecto medular y es que las partes no pudieron llegar a un acuerdo por diferencias que persisten “en cuanto  

al monto del anticipo [de 31 millones de dólares] que la empresa debe reintegrar al Estado”.

De acuerdo con la Contraloría General de la República, este dinero fue desviado, razón por la que el Ministerio Público inició una investigación que vincula al exvicepresidente Felipe Pipo Virzi y otros.

TRIBUNAL ANULA RESOLUCIÓN

Un tecnicismo de forma fue suficiente para que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas –en un fallo cuyo ponente fue la exmagistrada Anabelle Padilla Lozano– declarara nula la resolución que puso fin al escandaloso contrato del Estado con la firma ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo (H&H), en el que, según la Contraloría General de la República, se desviaron $22.6 millones de un adelanto de $31 millones que le hizo el Estado para el proyecto Riego de Tonosí.

El fallo del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), con fecha del 22 de abril de 2016 –seis semanas antes de la designación de los reemplazos de dos de sus magistrados, incluida Padilla Lozano– dispone “anular en todas sus partes” la resolución mediante la cual el exministro de Desarrollo Agropecuario Jorge Arango resolvió de forma administrativa el contrato de estudio, diseño y construcción del proyecto Riego de Tonosí, “al considerar que la entidad contratante no cumplió con el debido proceso legal para este tipo de actuaciones”.

ORIGEN

La resolución del TACP tuvo su origen en una reconsideración que interpuso H&H a la resolución del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), fechada el 2 de noviembre de 2015, en la que la institución advirtió que la licitación del proyecto Riego de Tonosí –adjudicada a H&H en enero de 2012– no se podría ejecutar y en consecuencia se resolvía el contrato por la vía administrativa.

En ese documento, el MIDA advierte que “pese a los esfuerzos desplegados por este Ministerio y la empresa Hidalgo & Hidalgo para alcanzar las condiciones que permitieran el cumplimiento oportuno del objeto del contrato, se documentaron dificultades insubsanables que han hecho imposible en la mayoría de los casos lograr ‘Acuerdos de Voluntades’ requeridos con los propietarios de los predios afectados por el proyecto...”.

Además, dice que, dado que las dificultades en la ejecución del proyecto “persisten y no tienen visos de solución, lo que ha tornado el proyecto inviable”, el MIDA se vio obligado a informarle a H&H la suspensión indefinida del proyecto “y se instauró una comisión técnica legal con el mandato de dar inicio a un periodo de conversaciones e intercambios entre las partes, tendientes a convenir un acuerdo mutuo para la terminación y liquidación del contrato”.

También señala que para la fecha en que se firmó la resolución que dio por terminado el contrato, “la comisión técnica y legal conformada para avanzar las gestiones, conversaciones e intercambios tendientes a convenir los elementos para la terminación y liquidación por mutuo acuerdo [...] no ha podido alcanzar un acuerdo final entre las partes por diferencias que persisten en cuanto al monto del anticipo que la empresa debe reintegrar al Estado”.

Así pues, el MIDA dio por terminado el contrato y resolvió “citar al contratista el 11 de noviembre de 2015 para iniciar el procedimiento de  

liquidación del contrato” con la participación del MIDA, de la Contraloría “y del representante legal de Hidalgo & Hidalgo, S.A...”.

Pero los abogados de la empresa –que recibió un anticipo de $31 millones, de un total de $155 millones para construir la obra– se quejaron de que se violó el debido proceso cuando la resolución del MIDA se publicó en el sitio web PanamaCompra bajo el índice de “lo más reciente”, y no en el expediente electrónico del contrato publicado en la misma web.

En consecuencia, señala el abogado, el MIDA no notificó a H&H su intención de resolver el contrato de forma administrativa y darle así oportunidad para hacer sus descargos en los cinco días que tenía para hacerlo, incurriendo así –asegura la defensa de la empresa– en vicios de nulidad por incumplimiento de la ley.

El Tribunal le dio la razón a la empresa, declaró improcedente la resolución administrativa del contrato con H&H, la que anuló en todas sus partes, al tiempo ordenó “devolver” el expediente al MIDA “para los efectos legales pertinentes”, y advierte a las partes que contra la resolución del TACP “no se admitirá recurso alguno, salvo la acción que corresponda ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia”.

EL DINERO DEL ANTICIPO

Detrás de la licitación adjudicada a H&H se movieron personajes, como el excandidato a diputado por Cambio Democrático (CD) Porfirio Bolita Ellis y el exvicepresidente Felipe Pipo Virzi, quienes según pesquisas judiciales recibieron dinero a través de sociedades vinculadas a ellos, así como otros miembros del “círculo cero” del expresidente Ricardo Martinelli. Ellis fue liberado el pasado viernes, tras consignar una fianza de $500 mil.

El dinero que recibió la empresa ecuatoriana debía ser usado para comenzar las obras, pero como no había obtenido las tierras donde se ejecutaría el proyecto, el dinero debió permanecer en los bancos a la espera de una solución al problema.

No obstante, fue repartido entre varias sociedades, entre ellas, Agroenergía Internacional, S.A., vinculada a Ellis, y que habría recibido, según la Contraloría, unos $15.5 millones, sin que H&H haya suministrado a las autoridades los contratos que formalizaran las transacciones con esta sociedad. 

A su vez, Agroenergía Internacional, S.A., pagó a la sociedad Summer Venture –en la que tenían firma en sus cuentas bancarias Virzi, su socio Ricardo Ricky Calvo y la madre de este, Magdalena Latorraca de Calvo– recibió $5.2 millones.

Virzi también fue destinatario de una transferencia bancaria de $5 millones de H&H a su cuenta personal. Y, adicionalmente, recibió dos cheques de $50 mil cada uno. En total, Virzi recibió más de $11 millones de los $30 millones que le adelantó el Estado a H&H.

Por el desvío del dinero, el Ministerio Público adelanta una investigación, en la que están vinculados Virzi, Ellis y varias personas más.

La Prensa confirmó con Leroy Sheffer asesor del MIDA que el contrato con H&H ha cobrado vida jurídica nuevamente con la anulación de la resolución de ese ministerio que había terminado con el contrato.

Se desconoce si la institución ha ejercido alguna acción judicial o extrajudicial en este caso.

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