CASO COBRANZAS DEL ISTMO

Fijan fecha para resolver pedido de prórroga de pago de multa de Cristóbal Salerno

Fijan fecha para resolver pedido de prórroga de pago de multa de Cristóbal Salerno
Fijan fecha para resolver pedido de prórroga de pago de multa de Cristóbal Salerno

Un juez de cumplimiento resolverá, el próximo mes, la petición de prórroga de pago de días multa que le fue concedido a Cristóbal Salerno, dueño de Cobranzas del Istmo, S.A. (CiSA).

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Cristóbal Salerno pagará $300 mil para no ir a prisión; se le decomisan $20 millonesRechazo a conmutación de pena a Cristóbal Salerno

Salerno fue condenado a 48 meses de prisión por peculado en el cobro de la cartera morosa del Estado, pero no fue a prisión, ya que la pena le fue reemplazada por 500 días multa, a razón de $600 por día o $300 mil en total, pagadera en cuatro meses.

El acuerdo fue pactado con la Fiscalía Anticorrupción de Descarga y también suscribió la pena accesoria de decomisar $20 millones.

El Ministerio Público ya tenía cauteladas cuentas bancarias por $35 millones y propiedades de Salerno y sus familiares.

El Órgano Judicial informó este jueves que un juez de cumplimiento deberá tomar una decisión sobre el pedido de prórroga el jueves 28 de junio próximo. La diligencia se iniciará a las 10:00 a.m. en la sala 18 del sistema penal acusatorio de Plaza Ágora. 

Para el 28 de junio, a las 10:00 a.m., en la sala 18 del #SPA de Plaza Ágora, juez de Cumplimiento resolverá solicitud de prórroga de pago de días multa, a favor de Cristóbal Salerno, por el caso conocido como Cobranzas del Istmo. pic.twitter.com/FqjuUrengJ

EL CASO 

En agosto de 2010, CISA obtuvo un contrato de exclusividad para el cobro de impuestos morosos del Estado.

Un informe de auditoría forense de la Contraloría General de la República reveló que habría ocasionado una lesión patrimonial de $29.5 millones.

Las investigaciones de este caso se originaron tras una denuncia que presentó el 19 de enero de 2015 el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, por supuesta falsificación de documentos en el contrato con CISA.

Este proceso fue abierto por la entonces fiscal cuarta anticorrupción, Ruth Morcillo.

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