Sin que se le aplicara ninguna medida cautelar, el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino rindió declaración indagatoria ayer por segundo día consecutivo ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción, que investiga presuntas irregularidades en el contrato para la compra e instalación de 19 radares, adjudicado en 2010 a la empresa Selex, filial del consorcio italiano Finmeccanica.
El exministro llegó a la sede de la fiscalía, en el edificio Avesa de Vía España, acompañado de familiares y activistas del partido Cambio Democrático, que permanecieron en el lugar hasta la noche. La diligencia se inició a las 9:00 a.m. y culminó a las 9:15 p.m.
Fuentes del Ministerio Público informaron que Mulino deberá regresar a la fiscalía el próximo lunes para seguir la declaración.
A su salida de la diligencia, Mulino dijo que presentó tres documentos sobre la firma de los contratos que lo exoneran de responsabilidad y que solicitó a la fiscalía la comparecencia de “cinco o seis” testigos que pueden respaldar su actuación en la compra de los 19 radares a la empresa italiana Selex.
En horas del mediodía, la fiscal Zuleyka Moore concedió un receso para almorzar y ordenó que Mulino fuera evaluado por peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), a fin de determinar su condición de salud; ello, después de que el exfuncionario aportara documentos sobre padecimientos físicos que tiene desde 2008 y los tratamientos que le han realizado en Boston, Estados Unidos. Después de dicho trámite, el exministro volvió a la fiscalía.
Dijo sentirse muy agotado tras pasar 20 horas –entre jueves y viernes– explicando el proceso de los contratos firmados con Selex.
El director del Imelcf, Humberto Mas, confirmó que recibieron los documentos clínicos aportados por Mulino, aunque precisó que en la revisión preliminar realizada por los médicos del instituto se determinó que tiene buena salud.
Mas detalló que entre los antecedentes de salud entregados por Mulino está una intervención quirúrgica de espalda y que sufre de hipertensión.No obstante, precisó que Mulino deberá ser sometido a una evaluación más profunda y que se revisará su historial médico, para entonces hacer una recomendación a la fiscalía.
El pasado miércoles, la fiscalía también indagó por este caso al exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz, quien al momento de la firma del contrato con Selex ocupaba el cargo de viceministro de Seguridad Pública.
La fiscal abrió la investigación de oficio el 11 de agosto pasado, luego de publicaciones de La Prensa que revelaron presuntas irregularidades en la compra y operación de los radares, y después de que el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, le entregara toda la información sobre la evaluación técnica hecha por funcionarios del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) respecto al alcance de los equipos.
Según estas evaluaciones, los radares no tienen capacidad para detectar las lanchas rápidas que utilizan los narcotraficantes para mover sus mercancías, por lo que se presentó una demanda de nulidad del contrato.