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Investigación Judicial

Fiscal pide auditar contrato de radares

Zukeyka Moore solicitó información a las autoridades italianas sobre los procesos en ese país por la venta a Panamá de los equipos.

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Los radares no captan las lanchas rápidas que usa el narcotráfico, según las autoridades. Los radares no captan las lanchas rápidas que usa el narcotráfico, según las autoridades.
Los radares no captan las lanchas rápidas que usa el narcotráfico, según las autoridades. LA PRENSA/Archivo

La fiscal tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, informó ayer que solicitó a la Contraloría General de la República, a cargo de Federico Humbert, auditar el contrato suscrito en 2010 entre el Estado panameño y la empresa Selex -filial de Finmeccanica- para la compraventa de 19 radares.

Moore explicó que dicha petición guarda relación con la investigación que adelanta su despacho por la ejecución del referido contrato durante el gobierno pasado.

Y es que, según precisó, hasta ahora se desconoce cuál sería el monto de una probable lesión patrimonial al Estado tras la ejecución del convenio, toda vez que se comprobó que los equipos no cumplen la función esencial que motivó su adquisición: la detección de lanchas rápidas usadas por el narcotráfico.

La fiscal también informó que pidió información a las autoridades judiciales de Italia sobre los procesos adelantados en ese país respecto a posibles actos de corrupción en la venta a Panamá de los 19 radares.

La funcionaria detalló que la investigación del caso en Panamá está en la fase de análisis del contrato.

Según su criterio, se trata de “una investigación compleja”, que debe ser manejada con discreción para garantizar el respeto de los derechos de los investigados.

Dijo que algunos de los imputados han solicitado el cambio de la medida cautelar de detención preventiva por una menos severa, pero aún no ha decidido.

En este caso se imputó cargos por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública al ex secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional y exviceministro de Seguridad Pública Alejandro Garuz, quien se encuentra en la cárcel El Renacer mientras también se le investiga por el caso de los pinchazos; y al exministro de Seguridad José Raúl Mulino, quien está detenido.

El 11 de este mes, el exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu rindió una declaración jurada ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción y responsabilizó al expresidente Ricardo Martinelli de gestionar el contrato con el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi.

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