La Fiscalía Especial Anticorrupción considera injusto que no se les extienda el plazo para investigar los sobornos que Odebrecht pagó en Panamá, tomando en cuenta que el proceso se ha interrumpido en varias ocasiones por acciones, recursos y fueros electorales invocados por los abogados defensores.
"No es justo que se cuenten los términos desde 2015, cuando la investigación se ha interrumpido en varias ocasiones", señalaron las fiscales Tania Sterling, Zuleyka Moore y Ruth Morcillo, en una conferencia a última hora de la tarde de este miércoles 14 de agosto de 2019.
"No extender el término trae consecuencias incalculables", destacó Morcillo, quien resaltó que a la fecha la investigación abarca 982 tomos y hay 76 incidentes y 12 amparos sin resolver. Igualmente asegura que hay indagatorias pendientes, y solicitudes de extradición y de levantamiento de fuero por atender.
Las fiscales recordaron que, aunque la denuncia ingresó en el año 2015, la investigación ha estado paralizada en varias oportunidades. Solo en el año 2017 estuvo paralizada por cinco meses.
"Los plazos razonables están establecidos no solo por el tiempo, sino por la conducta procesal de las partes, que ha sido evidentemente dilatoria, porque se han presentado múltiples recursos que han tenido como consecuencia que se paralice la investigación" varias veces, precisó Moore.
Sterling recordó que la investigación fue declarada causa compleja el 13 de julio de 2017, por lo que desde entonces se rige bajo los plazos de la Ley 121 sobre delincuencia organizada.
La prórroga solicitada es necesaria para incorporar nuevos elementos relacionados con el periodo 2006-2010, cuando Odebrecht recibió sus primeros contratos de obras públicas con el Estado panameño.
Por estas investigaciones, hay más de 60 personas naturales y 200 jurídicas investigadas; se han cerrado 16 acuerdos de colaboración eficaz y hay 9 condenas por medio de acuerdos de pena. En total, se han decomisado $266 millones, de los cuales ya $37 millones han ingresado al tesoro nacional.
Las fiscales anunciaron que evalúan presentar un amparo de garantías constitucionales al pleno de la Corte Suprema de Justicia, en contra el fallo del Segundo Tribunal Superior que negó una nueva prórroga para seguir las pesquisas.
La decisión del Segundo Tribunal Superior dejaría fuera del alcance de la justicia información del periodo de Martín Torrijos (2004-2009), e información que salió a relucir a raíz de los documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Los magistrados que firmaron el documento fueron María de Lourdes Estrada y José Hoo Justiniani.