La creación de una fiscalía especial para investigar las coimas pagadas por Odebrecht a funcionarios panameños fue exigida por la Alianza Ciudadana Pro Justicia, que no confía en la efectividad de los “supuestos compromisos” contra la constructora brasileña anunciados este martes 27 de diciembre por la Presidencia de la República.
La desconfianza de la Alianza se sustenta en que el gobierno de Juan Carlos Varela adjudicó a Odebrecht contratos que suman $2,600 millones –como la línea 2 del Metro y la renovación urbana de Colón-, “aun conociendo las investigaciones de Lava Jato en Brasil y las condenas que ya se habían dado en ese país”.
“Es por lo anterior que funcionarios del actual gobierno deben igualmente ser investigados y por ello la única manera de crear confianza en la ciudadanía es permitir la creación de una comisión internacional independiente contra la impunidad que colabore con la Procuraduría General de la Nación [PGN] en esta investigación”, señala la Alianza en una nota de prensa divulgada este miércoles 28 de noviembre. En estas investigaciones se debe incluir la participación de la Contraloría General de la Nación y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Odebrecht es el contratista más importante del Estado panameño; en total, en las últimas cuatro administraciones presidenciales se le han adjudicado obras por $9,000 millones. La ley de contrataciones públicas (Ley 22 de 2006) no impide que contratistas condenados o investigados por corrupción sean excluidos de los actos públicos, por lo que urge incluir reformas a la norma "en las que se sancione de manera ejemplar a las empresas implicadas en actos de corrupción y donde se les prohíba participar en nuevas licitaciones".
La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó documentos en los que Odebrecht admite haber pagado $788 millones en coimas a funcionarios de diversos países; de esa cantidad, $59 millones corresponden a sobornos pagados en Panamá, entre los años 2010 a 2014.
La Alianza pide que se identifique a los funcionarios que participaron en los actos de soborno y blanqueo de capitales, y que los $59 millones en coimas ya confesadas sean restados de los montos a pagar de las obras de infraestructura pública que actualmente construye Odebrecht.
Igualmente, la organización de la sociedad civil insta a que la Contraloría realice auditorías de todos los contratos adjudicados a Odebrecht, “para que así se analicen de una vez por todas las denuncias de sobrecostos que por años se han señalado y cuya respuesta fue el silencio cómplice de varios gobiernos”. Otra propuesta es que la Contraloría investigue por supuesto enriquecimiento injustificado a los ministros de Obras Públicas.
Este miércoles, al mediodía, la Alianza realizó una manifestación en la sede de la PGN en Avenida Perú.