El gobernador de Panamá Oeste, Temístocles Herrera, ordenó la separación del cargo -por 30 días- del alcalde de Arraiján, Pedro Sánchez Moró, investigado por faltas administrativas.
La decisión fue adoptada por Herrera, mediante una resolución en la que también designa a la vicealcaldesa Militza Esther Palma como titular interina, "durante el término de la sanción disciplinaria impuesta al principal por 30 días".
Sánchez Moró fue sancionado, "dada la desatención y desobedecido nuestra Constitución y las leyes que rigen sus funciones y competencias o infringido el régimen disciplinario que rige nuestro país".
La sanción está en suspenso, dado que Sánchez Moró apeló.
El alcalde es enjuiciado por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, pero la audiencia no ha podido celebrarse porque el Segundo Tribunal Superior no ha resuelto un recurso presentado por Sánchez Moró.
La Fiscalía Tercera Anticorrupción solicitó el llamamiento a juicio tras una investigación originada por una denuncia anónima que dio cuenta de que el alcalde, como propietario y directivo del equipo de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) Santa Gema Fútbol Club, supuestamente mantenía en la planilla del municipio, como “botellas”, a directivos y jugadores de ese equipo.
En una auditoría sorpresa, la Contraloría detectó que varios servidores que devengan salario en el municipio no estaban en sus puestos y procedió a suspenderles el sueldo. Además, comprobó que nueve directivos y ocho jugadores del club de fútbol estaban en la planilla municipal y entre todos sumaban un salario de $11 mil mensuales.
La Gobernación de Panamá Oeste, por su lado, reveló la tarde de este jueves que cumplió con el proceso de notificación de la medida de sanción administrativa aplicada a Sánchez.
De acuerdo con la Ley No. 2 de 2 de junio de 1987, reformada por la Ley No. 19 de 3 de agosto de 1992, el gobernador de la provincia está facultado para emitir sanciones que incluyen la suspensión del cargo, en casos donde se demuestre la comisión de irregularidades administrativas.
La medida aplicada obedece a una queja presentada por la vicealcaldesa de Arraiján, Militza Esther Palma, el 28 de julio de 2016, ante la Procuraduría de la Administración.
La Procuraduría de la Administración, a su vez, remitió la queja el 12 de diciembre a la Gobernación de Panamá Oeste, a la cual le corresponde resolver el caso.