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Magistrado Ayú Prado evaluará solicitud de Movin

En el Palacio Gil Ponce de la Corte, los magistrados de la CSJ escucharon las preocupaciones de la sociedad civil sobre la administración de justicia.

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Los magistrados Nelly Cedeño, Hernán De León, José Ayú Prado y Luis Ramón Fábrega, entre otros, escucharon las inquietudes de la sociedad civil y gremios empresariales sobre la admnistración de justicia. Los magistrados Nelly Cedeño, Hernán De León, José Ayú Prado y  Luis Ramón Fábrega, entre otros, escucharon las inquietudes de la sociedad civil y gremios empresariales sobre la admnistración de justicia.

Los magistrados Nelly Cedeño, Hernán De León, José Ayú Prado y Luis Ramón Fábrega, entre otros, escucharon las inquietudes de la sociedad civil y gremios empresariales sobre la admnistración de justicia. Foto por: LA PRENSA/Jorge Fernández

Annette Planells, de Movin, convocó a esta reunión con los magistrados de la Corte. Annette Planells, de Movin, convocó a esta reunión con los magistrados de la Corte.

Annette Planells, de Movin, convocó a esta reunión con los magistrados de la Corte. Foto por: LA PRENSA/Richard Bonilla

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, aseguró que analizará las opciones que le presentó el Movimiento Independiente (Movin), basándose en el Código de Ética Judicial para declararse impedido como juez de garantías en la investigación que sigue esa corporación al expresidente Ricardo Martinelli, por el supuesto manejo irregular de cuentas a través de Financial Pacific (FP).

Ayú Prado hizo el planteamiento tras concluir una reunión de más de tres horas entre dirigentes de la sociedad civil, gremios empresariales y magistrados. 

“Primero hay que ver cómo está escrita la resolución [la de la admisión de la denuncia] y qué dice. Concordamos en que hay que esperar, porque no se pueden tomar decisiones en base a lo que no existe ni se conoce. Debemos hacer todo con cautela, siempre respetando la Constitución y la ley”, indicó.

Movin apeló a que se cumpla el artículo 13 del Código de Ética Judicial, que señala que: “El juez está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así”. Además, invocó el artículo 14: “el juez debe evitar las situaciones que directa o indirectamente comprometan su criterio en la causa”. 

 

GREMIOS PIDEN CELERIDAD A LA CORTE

Miembros de la sociedad civil propusieron ayer a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) adoptar mecanismos para lograr la celeridad y el manejo con transparencia de los procesos penales, particularmente en las investigaciones admitidas del expresidente y diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Ricardo Martinelli.

A una reunión convocada por el Movin con los magistrados de la CSJ asistieron, además, representantes del Colegio Nacional de Abogados y de los gremios: Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede). El encuentro se extendió por más de tres horas en el Palacio Gil Ponce de la CSJ.

Por el Órgano Judicial asistieron los magistrados Ayú Prado, presidente de la Corte; Abel Zamorano, Hernán De León, Luis Ramón Fábrega, Harley Mitchell, Nelly Cedeño, y Gisela Agurto (suplente de Oydén Ortega). En tanto que, Jerónimo Mejía y Harry Díaz no concurrieron al encuentro.

LOS PUNTOS DEBATIDOS

Los gremios plantearon a los magistrados seis puntos para recuperar la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia.

Annette Planells, de Movin, precisó que como primer punto se planteó la necesidad de reactivar y ampliar la participación de otros sectores en el Pacto de Estado por la Justicia, documento que se firmó en 2005 entre los órganos del Estado con la sociedad civil para solucionar los problemas de la justicia.

Como segunda propuesta se sugirió la necesidad de acortar los tiempos procesales para eliminar la mora judicial, que es uno de los reclamos más reiterados de la sociedad civil, debido al tiempo que se toman los magistrados en resolver un proceso en cualquier juzgado o tribunal.

“Necesitamos buscar un plan para resolver este problema, ya que hay procesados en detención preventiva, que exceden el tiempo de la pena a la que serían sancionados”, explicó Planells.

Por otro lado, se planteó a los magistrados que definan de forma rápida las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 55 de 2012 (ley blindaje) y que modificó el Código Procesal Penal para acortar los tiempos de investigación a los diputados, incluyendo a los del Parlacen.

En este sentido, detalló que el tiempo transcurrido para analizar y emitir un fallo con respecto a este tema ha sido excesivo por parte de la CSJ, ya que es una situación judicial que tiene un alto impacto en investigaciones que están en curso.

En la CSJ existen cuatro demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 55 de 2012.

Planells también señaló que se requiere una mayor celeridad en los procesos en los que se encuentran mencionados o involucrados diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano, ya que existe una percepción ciudadana de un letargo en el manejo de estas investigaciones. Se habló de la necesidad de que se busque algún mecanismo para lograr una mayor celeridad en ellos.

En la CSJ hay seis procesos abiertos contra el expresidente y diputado del Parlacen Ricardo Martinelli, por supuestas irregularidades en casos relacionados al contrato de la comida deshidratada, las escuchas ilegales, los indultos que otorgó antes de salir de la Presidencia, la compraventa de granos en el PAN, así como por el supuesto cobro de coimas de Cobranzas del Istmo y por el manejo de cuentas en FP.

Otro tópico presentado a los magistrados fue el de dotar al trámite de los expedientes de más transparencia, para que el usuario del sistema judicial pueda en cualquier momento conocer en qué etapa y dónde se encuentra su caso

Reconoció que los usuarios del sistema judicial se quejan de la falta de claridad de los procesos y de lo difícil que resulta dar con el paradero de los expedientes en los despachos judiciales.

CASO FINANCIAL PACIFIC

El cuestionamiento de la sociedad civil organizada por la designación de Ayú Prado como juez de garantías en el caso FP fue otro punto polémico del encuentro. Movin planteó que en base al Código de Ética Judicial, el magistrado Ayú Prado no debe conocer el caso.

Sobre este punto, el presidente de la Corte respondió que el pleno de la CSJ ya ha tomado decisiones sobre el Código de Ética y se analizarán los fallos que ha emitido el pleno, cuando se han invocado impedimentos de los magistrados en base a esa norma.

Pidió más tiempo, y señaló que aún desconoce el contenido de la resolución mediante la cual el pleno de la CSJ admitió el conocimiento de ese expediente el pasado 23 de septiembre.

Dijo que tampoco conoce el informe que fue enviado a esa corporación de justicia por la Superintendencia del Mercado de Valores, el 29 de junio pasado, y en el que se denuncia la supuesta comisión de delitos financieros por parte de Martinelli en cuentas que eran manejadas a través de FP.

Ayú Prado dijo que sería irresponsable de su parte tomar una decisión sobre declararse impedido de conocer el expediente de FP, porque aún no sabe el contenido del caso, ya que todavía no se ha pasado en limpio la resolución mediante la cual se admitió esa denuncia en el pleno de la CSJ.

El magistrado, a través de un comunicado del Órgano Judicial, opinó que la cobertura que le dieron los medios al encuentro con la sociedad civil se manejó con “morbo”. Agregó que el encuentro fue coordinado desde el pasado 29 de septiembre en un desayuno con Movin, y fue ahí cuando se tuvo la idea de invitar a otros magistrados.

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