El Juzgado Decimoctavo Penal devolvió a la Fiscalía Sexta Anticorrupción parte del expediente conocido como Blue Apple, sobre los sobornos que contratistas del Estado pagaron a funcionarios entre los años 2009-2014.
Según el Órgano Judicial, el expediente fue devuelto "por error en la foliatura de los tomos".
El juzgado encontró errores en 172 de los 341 tomos que componen el expediente: los comprendidos entre los números 169 a 341.
La situación fue detectada el pasado 10 de septiembre, cuando el juzgado recibió el expediente.
"Una vez la fiscalía de instrucción corrija la foliatura y lo devuelva con su respectiva Vista Fiscal al juzgado 18°, este tribunal a cargo de la jueza Baloisa Marquínez Morán, procederá conforme a lo que establece la ley", señala un comunicado del Órgano Judicial.
Juzgado 18 de Circuito Penal de Panamá, devuelve por error en foliaturas el caso “Blue Apple Services” (Leer más https://t.co/AaezHlZ0Z0 ) pic.twitter.com/DvsSIFZMbd
— OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) September 17, 2019
La Fiscalía Anticorrupción emitió una vista fiscal en la que pide llamamiento a juicio para 59 personas, por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, corrupción de funcionarios, asociación ilícita y falsificación de documentos públicos.
Hasta ahora, se han recuperado $35 millones de $78 millones movilizados a través de la sociedad anónima Blue Apple, informó el fiscal Aurelio Vásquez, a cargo del caso, quien detalló que recuperaron el dinero y desenredaron la trama de corrupción gracias a siete acuerdos de colaboración y pena firmados con imputados en el proceso.
Recalcó que la investigación se retrasó por la presentación de más de 50 recursos, incluyendo fianzas, incidentes de controversia, habeas corpus y nulidades, que debieron se resueltas tanto por la juez Marquínez.
Un total de 25 empresas de fachada fueron creadas y utilizadas por contratistas del Estado, con el fin de mover $78 millones a través de la sociedad Blue Apple para el pago de sobornos a funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), a cambio de contratos oficiales.
Durante la investigación, que se inició el 11 de septiembre de 2017, la fiscalía firmó siete acuerdos de colaboración y pena que, según el fiscal, permitieron esclarecer la trama de corrupción.