Alquiler de helicópteros

Leslie Loaiza declara la 'nulidad relativa' de expediente del PAN y anuncia demandas a quien ataque su honra

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El juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza. El juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza.
El juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza.

Por supuestas violaciones "al debido proceso", el juez decimoquinto penal Leslie Loaiza declaró la "nulidad relativa" del proceso sobre el alquiler de helicópteros con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN, en lo concerniente a los exministros de Salud, Franklin Vergara Jaén y Javier Díaz, y de Desarrollo Agropecuario, Emilio Kieswetter y Óscar Osorio Casal.

La decisión también beneficia a Franklin Oduber Burillo, exdirector de Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), así como a Serafín Sánchez González y Arturo Alejandro Alvarado De Icaza.

Así consta en una resolución expedida por el juez Loaiza este viernes 30 de noviembre, en la que admite un incidente de nulidad promovido por Franklin Amaya, abogado de Kieswetter.

En ese mismo fallo, Loaiza sostiene que sus decisiones son imparciales, independientes "y sin presiones mediáticas", y exigió a las partes "respeto al sujeto procesal que dirige el proceso como presidente el juez".

"De vernos atacados en ejercicio de nuestras actuaciones judiciales nos veremos avocados a entablar las acciones que el Código Penal nos permite para denunciar amenazas a los jueces en ejercicio de sus funciones y sanciones por falta el respeto e incluso demandas civiles por atacar nuestra honra", señala Loaiza en la resolución.

El 8 de noviembre pasado, Loaiza declaró la nulidad del proceso seguido al exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, por este mismo caso, porque -según él- no está probado el hecho punible "al ser  ineficaz la auditoría de la Contraloría General de la República". Previamente, el juez había validado una cuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Ministerio Público y el exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén, en el que el exfuncionario se  declaró confeso de la comisión del delito contra la administración pública. 

Guardia Jaén declaró que el alquiler de helicópteros era contratado por el PAN, por instrucción "de los titulares de los ministerios quienes eran los que decidían qué empresas iban a realizar el servicio".

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