El embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley, anunció que su gobierno mantiene "contacto diario" con las autoridades locales que investigan al empresario Abdul Waked, incluido junto a su sobrino Nidal Waked y 68 de sus empresas en la Lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y narcotráfico.
"Mantenemos un contacto permanente, diario, con las autoridades panameñas que están investigando el caso. Nosotros por nuestra parte verificamos los datos que tenemos y que manejamos a través de los canales judiciales. Estamos trabajando con la valiente procuradora [Kenia Porcell]. Tienen que entender que estas cosas toman tiempo y hay que mantener la integridad de los procesos", señaló Feeley.
El diplomático explicó que en Estados Unidos se le sigue a Abdul Waked un procedimiento de tipo administrativo, mientras que a Nidal Waked uno de tipo judicial.
"En el caso de Nidal se han formulado casos judiciales. En el caso de Abdul Waked, tomamos una acción administrativa. Esto quiere decir que tenemos el derecho de proteger nuestro sistema financiero del dinero que consideramos sucio, procedente de narcolavado", apuntó.
Nidal está detenido desde el 4 de mayo pasado en Bogotá, Colombia, a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, donde debe enfrentar cargos por supuesto lavado de dinero y fraude bancario en la Corte del Distrito Sur de la Florida.
"[En Estados Unidos] para formular cargos judiciales, los fiscales tienen que tener una razón para creer la culpabilidad más allá que una duda razonable. En el caso administrativo, solamente la ley nos requiere probar una 'razón para creer'. Por eso es que Abdul Waked no está bajo ningún cargo judicial en Estados Unidos pero si bajo una sanción administrativa del Departamento del Tesoro", añadió el embajador.
Hace 10 años, en 2006 para ser exactos, la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA, por su siglas en inglés) recabó en Panamá los primeros informes que dieron inicio a la investigación por supuesto narcotráfico y lavado de dinero contra el Grupo Waked Internacional, S.A. (Wisa), en colaboración con las autoridades panameñas.
Paralelamente se conoció que la Fiscalía General de Colombia inició una investigación por lavado de activos, en 2007, solicitando ayuda a sus pares panameños. Esta solicitud llegó incluso a la Corte Suprema de Justicia, que en 2011 rechazó un amparo de garantías contra la resolución del Ministerio Público que acogió la solicitud de cooperación judicial de Colombia.