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Tribunal autoriza evaluación forense de los informes y cuadrículas médicas de Martinelli

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En el orden usual: Carlos Carrillo, Jéssica Canto y Ricardo Martinelli. En el orden usual: Carlos Carrillo, Jéssica Canto y Ricardo Martinelli.
En el orden usual: Carlos Carrillo, Jéssica Canto y Ricardo Martinelli.

El Tribunal de Garantías autorizó una evaluación forense de los informes y cuadrículas médicas de Ricardo Martinelli, durante una audiencia de afectación de derechos solicitada por la defensa del expresidente, dentro de la causa que se le sigue al expresidente por la presunta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y del derecho a la intimidad, y dos tipos de peculado.

No obstante, por ahora no se hará una evaluación física del expresidente.

"El tribunal no ha identificado con claridad la afectación de derechos fundamentales del señor Martinelli", dijo el magistrado juez Francisco Carpintero, quien presidió el tribunal.

El magistrado juez ordenó que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) haga una revisión de dos informes médicos presentados por la defensa -de los doctores Bey Lombana y Gaspar Arenas- este jueves. Igualmente, acogió una solicitud del fiscal Ricaurte González, para que el Imelcf tenga acceso a las cuadrículas de los doctores Lombana y Arenas, sobre las evaluaciones practicadas a Martinelli.

Carpintero también ordenó a Rolando López, secretario del Consejo de Seguridad Nacional, que permita que la defensa pueda notificar a testigos que son funcionarios en dicho ente. Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, se había quejado sobre la imposibilidad de completar dicha diligencia.

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Martinelli ingresó a la sala de audiencias poco antes de las 9:00 a.m., esposado y custodiado. Esta vez ingresó en silencio; no hubo arengas ni las habituales declaraciones a gritos a los periodistas. Poco después, en su primera intervención ante el magistrado juez Carpintero, Martinelli solicitó que la audiencia fuera "privada" y sin la presencia de los medios de comunicación.

El abogado defensor Carlos Carrillo solicitó la suspensión inmediata de la transmisión en directo del acto, porque en la misma se ventilarían aspectos médicos de su cliente, que pueden afectar "su integridad física".

Francisco Carpintero, juez de garantías. Expandir Imagen
Francisco Carpintero, juez de garantías.

Todos los juicios son públicos, según el Código Procesal Penal. No obstante, la misma norma, en su artículo 362, señala que el tribunal podrá decidir que las audiencias son reservadas "total o parcialmente", cuando se pueda afectar la vida privada o la integridad física de alguno de los intervinientes. 

El fiscal  Ricaurte González y  David Cuevas, abogado de la víctima querellante  Rosendo Rivera, defendieron la publicidad del proceso. 

"Desde que llegó a Panamá, todos los juicios [de Martinelli] han sido públicos y orales... En consecuencia, no veo la necesidad de que se le impida a los medios transmitir este acto", dijo Cuevas. Recordó que con anterioridad, "el acusado ha dicho que le gustaría que se mantuviera la publicidad".

Carlos Herrera Delegado, abogado de la víctima querellante  Mauro Zúñiga, dijo que Martinelli no ha sustentado "en qué forma" le afecta la transmisión del evento.

Balbina Herrera aseguró que al expresidente Martinelli no se le han violado sus derechos. A su lado está Mitchell Doens. Ambos son víctimas querellantes. Expandir Imagen
Balbina Herrera aseguró que al expresidente Martinelli no se le han violado sus derechos. A su lado está Mitchell Doens. Ambos son víctimas querellantes. Isaac Ortega

El magistrado juez Carpintero decidió que se mantendría la transmisión de la audiencia y que ésta no tendría carácter reservado. Acto seguido, la abogada defensora Jéssica Canto expuso la condición médica de su cliente y mencionó que el mismo no ha sido sometido a evaluaciones médico legales desde el 12 y 13 de junio de 2018.

Indicó que el expresidente padece de cardiopatía isquémica, ansiedad, presión alta y problemas prostáticos.

Leyó una certificación del médico Gaspar Arenas, del 1 de febrero pasado, que señala que el paciente tuvo un infarto cardíaco y complicaciones cerebro vasculares que le pueden provocar una muerte súbita. También mostró una certificación del cardiólogo Bey Lombana, que señala que el paciente tiene varias enfermedades que requieren control. 

Canto se refirió a los incidentes ocurridos el 20 de diciembre, cuando la defensa de Martinelli pretendió que el expresidente fuera hospitalizado por cinco días en el Hospital Nacional, a fin de que se le realizaran varios exámenes.

[Lea aquí la nota 'Martinelli ya está en El Renacer, al negarse a unos estudios en el Santo Tomás'].

La abogada dijo que urge la evaluación médico forense de su cliente, para saber si podrá "resistir" el juicio oral que inicia el próximo 12 de marzo.  El día antes, Martinelli cumple 67 años de edad.

El fiscal González y los querellantes pidieron un receso para poder hacer una revisión de los documentos médicos aportados por la defensa. El magistrado juez les concedió 15 minutos.

A su regreso, el fiscal se quejó porque la audiencia de supuesta afectación de derechos fundamentales se convirtió en un acto para solicitar una nueva evaluación médica del investigado.

"Esto se recurre ante el pleno [de la Corte Suprema] y el pleno se pronuncia", señaló. Agregó que al Ministerio Público nunca ha llegado una solicitud de evaluación.

Indicó que a Martinelli se le han realizado 75 evaluaciones, " hasta por cortadas en la mano".

González recordó que el 4 de febrero las partes fueron convocadas a una audiencia, "y ya existían estos documentos [lo de los doctores Arenas y Lombana] y la defensa renunció a la afectación de derechos". El fiscal dice no entender por qué si el acusado está tan enfermo, optó por posponer la audiencia de afectación de derechos hasta ahora, cuando ya han transcurrido 24 días desde aquel 4 de febrero.

[Lea aquí la nota 'Martinelli ofrece una fianza de medio millón de dólares y la entrega de su pasaporte'].

"¿Que prima más? ¿La salud o las pretensiones político electorales del imputado?", se preguntó el fiscal, quien enfatizó que todas las dolencias de Martinelli son tratables en el reclusorio penal "y prueba es el legajo de documentos que muestra la defensa, que sí ha recibido la atención".

Tampoco entiende cómo los doctores Arenas y Lombana examinaron a Martinelli, ya que no hay constancia que el expresidente fuera trasladado para acudir a citas con dichos galenos.

Sobre lo ocurrido la noche del 20 de diciembre y la madrugada del 21 de diciembre, el fiscal señaló que Martinelli, una vez llegó al Santo Tomás desde el Hospital Nacional, firmó un " relevo de responsabilidad" de que no se realizaría los exámenes. "Y hay constancia que Martinelli se niega a tomar sus medicamentos... La primera persona que está afectando su salud, es el propio acusado", remarcó.

Martinelli, que permanece detenido en la cárcel El Renacer, ha pedido en varias ocasiones que se le cambie la medida cautelar. Expandir Imagen
Martinelli, que permanece detenido en la cárcel El Renacer, ha pedido en varias ocasiones que se le cambie la medida cautelar. Ana Rentería

Cuevas, abogado de Rosendo Rivera, dijo que está sorprendido porque el doctor Lombana, en su informe final, solicita el cambio de medida cautelar, lo cual no es un tema que debe ser dirimido por el juez de garantías.

"Toda la documentación aportada por la defensa evidencia que el señor Martinelli es el único detenido que recibe atención de salud en esos niveles. Y eso no está mal. Debería ser así para todos", opinó Cuevas, y enfatizó que mientras estuvo detenido en Miami, Estados Unidos, por 364 días, "no tuvo esta clase de problemas".

Este jueves, a las 2:00 p.m., se efectuarán otras dos audiencias en las que el  exgobernante pretende que se admitan denuncias: una, contra la exdirectora de Asuntos Jurídicos y Tratados Internacionales de la Cancillería,  Fara Diva Urrutia, por la presunta comisión del delito de omisión de los deberes de los servidores públicos, y otra contra  Annette Planells y  Mariela Ledezma, conductoras del programa radial  Sal y Pimienta, por la presunta comisión de delitos contra el honor.

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