Migración Colombia informó que solicitará a la Superintendencia de Vigilancia de ese país que abra una investigación a la empresa de seguridad privada Neostar Seguridad de Colombia Ltda., por supuesta obstrucción a la autoridad.
El pedido guarda relación con la acción de detención y posterior expulsión de ese país sudamericano del panameño Mayer Mizrachi, hecho acontecido el pasado miércoles 7 de septiembre de 2016.
Fuentes de Migración Colombia relataron que cuando Mayer Mizrachi −a quien se le sigue un proceso por la presunta comisión del delito contra la administración pública− fue detenido el miércoles, sus dos escoltas y un jefe de seguridad que lo acompañaban amenazaron a los oficiales de Migración e intentaron darse a la fuga en un vehículo blindado. En esa maniobra casi atropellan a un policía.
Una patrulla de Migración evitó que estos se fugaran al interrumpir el paso al vehículo en el que Mizrachi viajaba como pasajero.
Las fuentes precisaron que cuando Mizrachi era transportado al aeropuerto internacional El Dorado de la capital colombiana, sus escoltas persiguieron a la patrulla de Migración. En ese trayecto, las autoridades de Migración también relataron que Mizrachi aseguró que estaba pensando en tirarse de la camioneta.
El panameño estuvo preso cerca de seis meses en la cárcel de máxima seguridad La Picota, en Bogotá, tras ser detenido en Cartagena en diciembre de 2015 procedente de Estados Unidos.
Mizrachi llegó a las 12:45 a.m. de este jueves al istmo, en un vuelo procedente de Bogotá, después de que las autoridades migratorias lo expulsaran del país sudamericano por un término de 10 años. De la terminal aérea de Tocumen fue conducido de inmediato a la sede de la Policía Nacional en Ancón.
Pasadas las 8:00 a.m. de este jueves, se notificó ante la juez decimotercera penal, Lina Hubiedo, como parte del proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito contra la administración pública en perjuicio de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).
Mizrachi tiene medida cautelar de impedimento de salida del país, gracias a un fallo del Segundo Tribunal de Justicia, que revocó la orden de detención preventiva que había dictado la fiscal primera Anticorrupción, Tania Sterling. También consignó una fianza de $100 mil.
Más información en la edición impresa de La Prensa del viernes 9 de septiembre de 2016...