La firma panameña Mossack Fonseca debe ser puesta a disposición de cualquier Estado que lo requiera, a fin de determinar su responsabilidad en alguno de los posibles actos ilícitos mencionados en las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), consideró la Asociación Panameña de Derecho Constitucional (Apadec).
“Como por ejemplo, al Estado de Brasil, en donde se cursa senda investigación a la firma Mossack Fonseca, presuntamente por encontrarse implicada en una fase de la operación conocida como Lava Jato”, señala el gremio, en un comunicado que firma su presidente Miguel Antonio Bernal.
La asociación recuerda que aunque Panamá no es un paraíso fiscal y las sociedades offshore no son ilícitas, las firmas de abogados dedicadas a su constitución y venta tienen la obligación de reportar cualquier elemento ilegal de sus clientes y de profundizar en el conocimiento del origen de los recursos y actividades.
Acerca de la investigación del ICIJ, la información habría revelado “que esta firma de abogados constituyó sociedades offshore con estructuras complejas, alguna de ellas presuntamente para crear un entramado que impidiera el rastro de las autoridades”.
“Algunas de ellas se usaron para ocultar propiedades de empresas, activos, ganancias de actividades ilícitas, para ocultar dinero al fisco o a las autoridades públicas de diferentes países, conforme a la legislación de donde son sus clientes, dando como resultado la evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte”.
En el comunicado, la asociación llama la atención al hecho de que al frente de dichas sociedades aparecen presuntos “testaferros” y, en el peor de los casos, “utilizaron a sus propios empleados, quienes son panameños humildes que, probablemente jamás percibieron un centavo de dichas actividades y tampoco se encontraban enterados de los detalles de las actividades de cada una de estas sociedades”.
La Apadec considera que desacreditar el trabajo del ICIJ “so pretexto de que la información por ellos obtenida proviene de un hacker y/o de alguien que lo sustrajo de forma ilegal de la firma”, es irrelevante para los efectos penales, ya que uno de los objetivos del Ministerio Público, consignado en el Código Procesal Penal, “es llegar a la verdad de los hechos” y perseguir los delitos de los que tenga noticia "por cualquier medio".
El gremio llama a promover la revisión de las legislaciones en materia fiscal, financiera, de sociedades offshore y de blanqueo de capitales y activos, y de prevención del delito de lavado de dinero producto del narcotráfico, “en la que quede comprometido no solo Panamá, sino Estados Unidos de América e Inglaterra, donde existen paraísos fiscales”.
Lea el comunicado completo firmado por Miguel Antonio Bernal aquí.