El Juzgado Octavo Penal suspendió la audiencia programada para este lunes 13 de agosto por el caso de la pérdida de una "máquina pinchadora" comprada a la empresa MLM Protección en la administración pasada.
La decisión fue tomada luego de que la defensa del exdirector de la Policía Nacional y exdirector del Consejo de Seguridad Nacional, Gustavo Pérez, presentara un amparo de garantías. El Órgano Judicial informó que la audiencia estaba prevista para las 8:30 a.m.
Gustavo Pereira, abogado de Gustavo Pérez, expresó que en cuanto al amparo de garantías presentado a favor de Pérez es que el ejercicio de este recurso es para agotar el ejercicio de defensa por las "violaciones al debido proceso que le han hecho a nuestros representados". Entre estos mencionó el de excederse -la fiscalía- en los términos de la investigación y dictar ordenes fuera del termino.
"Aquí se investiga la perdida de un supuesto equipo, en el Consejo de Seguridad cuando ya él ya no era ni funcionario público" dijo el abogado Pereira. Indicó que el exsecretario del Consejo Nacional de Seguridad es la única persona que permanece detenida en este proceso y en los demás procesos mantiene una medida cautelar distinta a la detención preventiva.
Actualmente el Segundo Tribunal de Justicia mantiene una solicitud de cambio de medida por resolver, anteriormente había sido solicitada al mismo Tribunal y este se las ha rechazado.
El pasado 7 de junio, la audiencia por este caso también fue suspendida debido a que el abogado de Pérez presentó una incapacidad médica. En aquella ocasión, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga solicitó al juez que enviara a Pérez al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para conocer su estado de salud.
En esa audiencia debían participar, además de Pérez, el director del desaparecido Programa de Ayuda Nacional Giacomo Tamburrelli y el exdirector del Consejo Nacional de Seguridad Alejandro Garúz.
Pérez permanece detenido en el centro penitenciario El Renacer, en el sector de Gamboa.
Esta investigación se originó por una denuncia que interpuso el entonces jefe del Consejo Nacional de Seguridad, Rolando López, después de que se perdiera la máquina pinchadora que fue comprada en 2010 por $13.4 millones con dinero del antiguo Fondo de Inversión Social, hoy Dirección de Asistencia Social.