Organizaciones como la Red de Derechos Humanos de Panamá, la Red Ciudadana Urbana y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras en Panamá exigieron este viernes 9 de diciembre, al Gobierno que se pronuncie ante los últimos casos de conflictos ambientales y sociales que se han registrado en el país.
“No estamos de acuerdo con la violencia, pero la inacción del Estado frente a estos conflictos es generadora de violencia...”, leyeron miembros de estas organizaciones que se congregaron frente a la sede del Ministerio Público.
Recordaron el caso de la periodista y activista Ligia Arreaga, quien tuvo que salir del país tras amenazas luego de luchar por la protección del humedal Laguna de Matusagaratí; de la ambientalista Larissa Duarte, demandada por $10 millones por defender el río Cobre; la demanda que enfrentan un grupo de vecinos de Coco del Mar, San Francisco, quienes se oponían a la construcción de un edificio que consideran que 'incumplía' normas urbanas; y la orden de detención que pesa sobre 37 residentes de la isla Pedro González por conflictos con una empresa que desarrolla un proyecto.
Estos temas “no se pueden revolver por el derecho penal ni por el acaso a activista, sino por la vía de acciones protectoras del Estados de los derechos humanos de la gente y sus comunidades, y de la resolución pacifica del conflicto”, destaca el comunicado, leído por Juana Camargo, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Las organizaciones pidieron los siguiente: "Que se otorgue medida cautelar menos severa a los cuatro moradores de la isla Pedro González que se encuentran detenidos desde el 30 de noviembre de 2016. Que se investigue la denuncia presentada El 6 de junio de 2016 por las amenazas contra la periodista Ligia Arreaga. Que se defina la situación de los vecinos de Coco del Mar que fueron denunciados penalmente por parte de la empresa. Que no se admita la demanda millonaria contra la ambientalista Larissa Duarte".