El procurador general de la Administración, Rigoberto González, recordó este viernes 10 de marzo que en la Constitución Nacional se establece que los diputados son investigados por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Las declaraciones de González surgen tras la publicación de una investigación del diario La Prensa, en la que se evidenció que desde julio de 2014 a diciembre de 2016 la Asamblea Nacional desembolsó 14 millones de dólares en subsidios y donaciones de los diputados.
Esos subsidios y donaciones en la mayoría de los casos no fueron destinados a los beneficiarios originales, usualmente personas de bajos recursos económicos o de áreas marginadas del país.
Para González, el supuesto mal manejo de los fondos asignados a los diputados es un hecho delicado y grave.
“Porque es un hecho delicado y grave, porque estamos hablando del posible manejo de fondos públicos y se dice de manera irregular”, dijo González.
El procurador explicó que de darse una investigación primero debería empezarse con los diputados y luego determinar si hay otros implicados y ellos ser remitidos a las autoridades competentes.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación también recordó la tarde de este viernes 10 de marzo en un comunicado que es la CSJ la que “investiga y procesa a los diputados”.
La Procuraduría detalló que esas funciones están contempladas en el artículo No. 206 de la Constitución Nacional.
En otra parte de su comunicado indicó que “el Ministerio Público desarrolla la persecución penal única y exclusivamente en el marco de la Ley y esta facultad no incluye a los diputados de la República”.
La investigación de La Prensa documentó que en 20 meses la Asamblea Nacional destinó 68 millones de dólares a contratos por servicios profesionales, pero en la mayoría de los casos esos trabajos no se realizaron.