La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, comunicó que recibió una nota de una fiscalía de Brasil, en la que le solicitan conversar sobre la asistencia judicial solicitada al Ministerio Público de Panamá sobre el caso Lava Jato.
Porcell se reuniría con Carlos Bruno, el fiscal del Departamento de Cooperación Internacional de la Fiscalía de Brasil, encargado de manejar todo el trámite de los expedientes internacionales de la megainvestigación internacional.
Brasil solicitó a Panamá que le diera información sobre cuentas bancarias de la empresa offshore Constructora Internacional del Sur, S.A. –abiertas en los bancos locales Multibank y Credicorp Bank-, que según las investigaciones en curso habrían sido usadas por la constructora Odebrecht para hacer pagos de sobornos a funcionarios brasileños y extranjeros.
“Recibí de la Fiscalía de Brasil una nota en donde me están solicitando tener una conversación”, reiteró la procuradora. Aún no se sabe el día y el lugar de la reunión.
Al igual que otras veces, Porcell pide a las autoridades brasileñas que sean más específicas. “Como ya he planteado en distintas oportunidades, Panamá ha brindado colaboración a Brasil, sin embargo, hemos solicitado la puntualización y que se especifiquen algunos aspectos de la solicitud, y estamos en espera que Brasil cumpla con eso para poder brindar la colaboración”, añadió.
La justicia brasileña ha dicho anteriormente que Panamá es el único país con el que han tenido problemas en las rogatorias del caso Lava Jato. Si bien los fiscales brasileños han confirmado que han recibido cooperación de parte de Panamá, afirman que esta respuesta, recibida hace unos meses, es insuficiente.
Según las autoridades brasileñas, la falta de esta información ha provocado un bloqueo en el avance de las investigaciones.
Constructora Internacional del Sur recibió unos $50 millones provenientes de empresas offshore controladas por Odebrecht.
Sobre el particular, el Ministerio Público de Panamá ha sido reiterativo. “En materia de información sobre cuentas bancarias, se requiere que la solicitud presentada sea más específica y precisa, [para] realizar la otra parte de la colaboración y así cumplir con nuestro derecho interno”, anotó el pasado 31 de mayo.
En aquel momento, la Procuraduría de la Nación aclaró que “la Ley 6 de 2002 (Transparencia) califica esta clase de información como de acceso restringido, por tratarse de un proceso judicial, motivo por el cual, nos vemos compelidos a no proporcionar ni hacer referencia a mayores detalles sobre la tramitación que llevan a cabo las autoridades del Ministerio Público panameño”, de ahí que se desconozca cuál fue la información que envió Panamá a Brasil sobre las cuentas bancarias de Constructora Internacional del Sur.