Programan para el 18 de septiembre la audiencia preliminar en caso Cobranzas del Istmo

Programan para el 18 de septiembre la audiencia preliminar en caso Cobranzas del Istmo
Programan para el 18 de septiembre la audiencia preliminar en caso Cobranzas del Istmo

El Juzgado Primero Penal programó para el 18 de septiembre la audiencia preliminar dentro del proceso seguido al exdirector general de Ingresos Luis Enrique Cucalón Uribe, por la supuesta comisión de los delitos contra la fe pública, la administración pública y corrupción de servidores públicos.

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Cucalón, 20 meses hospitalizadoSuspenden audiencia en caso Cobranzas del Istmo, porque Luis Cucalón sigue hospitalizadoCuentas de CISA seguirán cauteladas

Este caso guarda relación con el cobro de impuestos no declarados a través de Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), propiedad de Cristóbal Salerno.

La investigación empezó en el mes de enero de 2015, tras la presentación de una denuncia por el supuesto cobro ilegal de comisiones por parte de la empresa CISA.

Además de Cucalón y Salerno, en este proceso también están involucrados Magaly Ramos (exgerente de CISA), María Alessandra Salerno (apoderada de CISA), Edgardo González (tesorero de CISA) e Irasema Sánchez (secretaria de CISA). La jueza de la causa, Águeda Rentería Sánchez, fijó como fecha alterna el 26 de octubre próximo.

El Órgano Judicial informó que se ordenó el envío de un oficio a la Dirección del Sistema Penitenciario, a fin de que tomen las medidas pertinentes, y con las instrucciones médicas respectivas, "para el traslado de Cucalón Uribe a las salas de videoaudiencias de un centro penitenciario", con el objetivo de que se celebre esta audiencia preliminar.

Cucalón permanece recluido, desde el 9 de septiembre de 2015, en el Hospital Punta Pacífica, de la capital panameña.

Precisamente debido a su hospitalización fue que el 12 de septiembre de 2016 fue suspendida, en primera instancia, una audiencia por este caso ante este juzgado.

Debido a los cobros supuestamente ilegales por parte de CISA, la Contraloría General de la República calculó en casi $30 millones la lesión patrimonial al Estado.


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