La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación sobre que el poder judicial de Panamá pudiera seguir admitiendo acciones legales en contra de medios de comunicación y reporteros por dar cobertura periodística y hacer críticas sobre hechos de interés público que involucran al expresidente Ricardo Martinelli, acusado y procesado por cometer supuestos actos ilegales.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, director del diario peruano La República, manifestó su "confianza de que la justicia desestimará el uso abusivo de los recursos legales por parte del expresidente y su familia, para evitar que se inhiba la crítica, así como la investigación y difusión periodística sobre asuntos de interés público que la ciudadanía sigue con gran atención".
En referencia a los principios sobre libertad de prensa que promueve la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Mohme añadió que las presiones legales o judiciales dirigidas a silenciar la labor informativa son incongruentes con la Declaración de Principios de Libertad de Expresión, la que también pondera que las personas públicas o que están involucrados a temas de interés público deben estar sujetas a mayor escrutinio por parte de la prensa y la ciudadanía.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, del portal mexicano La Silla Rota, consideró que si bien los ciudadanos tienen derecho a acudir a la justicia cuando se sienten ofendidos, "en este caso estamos ante una clara maniobra para amedrentar y enmudecer a la opinión pública".
El Fórum de Periodistas de Panamá por la Libertades de Expresión e información y el Consejo Nacional de Periodismo se pronunciaron de manera conjunta contra las acciones legales emprendidas por la familia Martinelli Linares con el propósito de que el Tribunal ordene a los medios y comunicadores que se abstengan de publicar el nombre o apellidos del grupo familiar. También han interpuesto millonarias demandas penales.
La semana pasada Martinelli (2009 – 2014) presentó un recurso penal por el delito de calumnia e injuria contra Annette Planells, vocera del Movimiento Independiente (Movin) y la abogada Mariela Ledezma por comentarios hechos en redes sociales y en el programa radial Sal y Pimienta que ambas conducen, y exige un resarcimiento económico de 2 millones de dólares a cada una.
Martinelli fue extraditado el pasado 11 de junio desde Estados Unidos a Panamá y permanece encarcelado por cargos de espionaje en contra de opositores durante su gobierno. También la ex primera dama de Panamá, Marta Linares de Martinelli, interpuso una demanda "de protección familiar y a la imagen familiar", en la que solicitó al Juzgado de la Familia que ordene al diario La Prensa cesar y abstenerse de divulgar y publicar hechos o situaciones de índole privado contra su familia. Cinco periodistas de La Prensa fueron llamados a audiencia.
Según La Prensa, el pedido al Tribunal tiene su origen en notas periodísticas en las que se menciona el vínculo del expresidente y sus hijos con el caso Odebrecht que investiga la Fiscalía Especial Anticorrupción e información de carácter público. Los representantes legales de Martinelli advirtieron que continuarán las denuncias penales contra todo el que "hable mal" del exmandatario.
