La Fiscalía Auxiliar concluyó ayer las indagatorias de los 12 funcionarios del Órgano Judicial y el particular presuntamente relacionados con una red de corrupción que cobraba coimas a cambio de otorgar libertades, retener boletas de captura y sobornar a jurados de conciencia en beneficio de personas acusadas en procesos penales.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron que el fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar, estuvo al frente de las indagatorias. Entre los acusados hay notificadores, asistentes de magistrados, escribientes, secretarias y agentes de seguridad del Segundo Tribunal Superior Penal, la Oficina de Descongestión Judicial, y los juzgados Primero y Decimosexto Penal.
Familiares y abogados de los acusados acudieron ayer a la fiscalía, en Calidonia.
Gabriel Fernández, suplente del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, fue uno de los que se presentó y luego de unos minutos se retiró sin dar declaraciones.
Concluidas las indagatorias, el fiscal Aguilar ordenó la detención preventiva de nueve funcionarios y un particular. Además, impuso una medida cautelar de país por cárcel y de notificación quincenal a Kira Puga, Carlos Herazo y Liz Romero.
Fuentes judiciales revelaron que no se descarta que en los próximos días se acusen a otros funcionarios, pues las pesquisas del caso aún siguen.
Javier Quintero, abogado de los acusados, explicó que la acusación es por la supuesta comisión del delito de corrupción de servidores. No obstante, argumentó que “la ley sanciona de forma diferente al funcionario en cuanto al grado de decisión en la gestión pública.
Quintero citó el artículo 345 del Código Penal, que establece penas de dos a cuatro años de prisión para el que no tiene capacidad de decidir. Agregó que el artículo 346 del citado código sanciona a aquellos que tienen capacidad de decidir con penas de cuatro a ocho años de cárcel.
“Ninguno de los imputados es funcionario con capacidad de decisión”, aclaró.
Por su parte, el abogado Kevin Moncada, defensor legal de Kira Puga –una de las funcionarias implicadas– admitió que hay una red de corrupción, pero afirmó que a su clienta “le han hecho una maldad y la han acusado falsamente”.
Moncada expresó que hay casos en los que no hay pruebas en contra de los funcionarios y otros en los que sí hay evidencias.
En tanto, Ayú Prado envió este viernes una nota a todos los despachos judiciales, en la que prohibió trabajar los fines de semana a todos los funcionarios subalternos de los juzgados, tribunales y despachos judiciales.
Las fuentes aseguran que en la nota se establece que los fines de semana solo pueden trabajar los jefes de despacho (jueces y magistrados), y los asistentes que estén autorizados por sus superiores.
Según las fuentes, esta es una medida de control a raíz de lo sucedido con la red de corrupción, pues los presuntos acusados trabajaban los fines de semana para atender las libertades.