Al recibirse la opinión del Colegio Nacional de Abogados sobre el proyecto de ley No. 597, que propone introducir en la legislación penal la inhabilitación perpetua de los funcionarios que incurran en actos de corrupción, la subcomisión legislativa designada para analizar el tema enviará el informe técnico a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.
La comisión se reunirá este martes 13 de marzo a discutir la norma.
Los diputados miembros de la subcomisión ya escucharon las posiciones de las procuradurías general de la Nación y de la Administración, el Órgano Judicial y el Tribunal de Cuentas.
Este lunes 12 de marzo recibieron la posición del Colegio Nacional de Abogados, la cual fue enviada mediante una nota que tiene la firma de su presidente Dionicio Rodríguez.
En una nota de nueve páginas, el Colegio Nacional de Abogados plantea su análisis del proyecto de ley No. 597 y sus recomendaciones sobre la reforma al Código Penal.
Una de las recomendaciones es que se hace necesario el establecimiento taxativo en materia penal de la pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas para los delitos contra la administración pública.
Según el gremio, estas reformas no alcanzarán a los casos “que hoy causan preocupación y que, en muchos de ellos, ya se ha iniciado la investigación, por razón de los graves delitos contra la administración pública, puesto que no existe forma de aplicación retroactiva de sus normas, por la vigencia de principios penales y procesales penales, por lo que no se puede legislar con pasionismo ni con subjetivismo, sino cumpliendo con criterios objetivos de valoración jurídica”.
También dijeron que se hace necesario concordar esta reforma con la propuesta de aumentar los plazos de prescripción, con los efectos que produce “hoy la suspensión de la prescripción y los otros artículos del Código Procesal Penal”.
El pasado 27 de febrero, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó la creación de una subcomisión que se encargará de analizar el proyecto de ley No. 597.
La subcomisión está presidida por la diputada independiente Ana Matilde Gómez y también la conforman los diputados perredistas Quibián Panay y Leandro Ávila.
La iniciativa plantea inhabilitar de manera perpetua para ejercer funciones públicas a todas aquellas personas que sean condenadas a cinco o más años de prisión por delitos contra la administración pública.