La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) investiga a Lourdes Castillo, miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), por sus vínculos con la empresa Pele System, Inc., empresa que en el gobierno pasado obtuvo el contrato con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para inspeccionar los barcos de la marina mercante.
Así consta en una nota que Angélica Maytín, directora de Antai, dirigió este martes 6 de febrero a Roberto Roy, presidente de la junta directiva de la ACP, en la que solicita "un informe del resultado de las acciones que tome su Despacho".
Maytín recordó a Roy que la Ley 19 de 1997, que organiza la ACP, prohíbe a los miembros de su junta directiva celebrar contratos con la ACP "o con instituciones vinculadas con esta, tal como es el caso de la AMP". Igualmente, el reglamento interno de la ACP, que data del año 2005, en su capítulo VIII sobre conflicto de interés, impone la obligación de presentar su declaración de intereses financieros -ante el fiscalizador general- dentro de los 30 primeros días contados a partir de la vigencia de sus respectivos nombramientos y subsecuentemente cada año, 90 días después de finalizado el año fiscal de la ACP.
"Tenemos a bien solicitarle, como responsable de la junta directiva de la ACP, instruir el procedimiento administrativo correspondiente, con la finalidad de verificar los hechos señalados en la presente denuncia, ya que los mismos podrían resultar atentatorios a las normas penales enmarcados en los delitos contra la administración pública, inclusive", señala Maytín en su nota.
Castillo, que es parte de la junta directiva de la ACP desde el año 2013, reconoció ser firmante en cuentas bancarias de varias sociedades anónimas relacionadas con Pele System, Inc., que obtuvo un contrato en el año 2011 para proveer el servicio de inspección de los barcos, por $22.1 millones, "de los cuales se tiene conocimiento por una auditoría interna llevada a cabo por la entidad contratante, que existía un sobrecosto en el mismo", señala Maytín en su carta.
Una de esas sociedades ligadas a Castillo es Cliverstone Advisory Ltd., sociedad que -según la Fiscalía Tercera Anticorrupción- obtuvo beneficios por $2.5 millones por parte de Pele System. "A su vez, de dicha cuenta bancaria de Cliverston Advisory Ltd., se generaron tres cheques a favor de la Fundación Victoria Tercera, por el orden de $2,5 millones, entre los días 29 de mayo y 2 de junio de 2014, cuya presidenta y representante legal es Yamileth De Lourdes Camarena Castillo, hija de la directiva Castillo de la ACP", remarcó la directora de Antai.
Por este caso, el Juzgado Decimoprimero Penal dictó el 11 de enero de 2017 un sobreseimiento provisional, objetivo e impersonal solicitado por la fiscalía Tercera Anticorrupción en las sumarias relacionadas con la investigación por presuntos sobrecostos en el contrato firmado entre la AMP y Pele System. La fiscalía había solicitado el sobreseimiento, hasta tanto se obtuviera la auditoría de la Contraloría General de la República que fue pedida sobre este caso.
Según la investigación, la AMP pagó $10.9 millones a Pele System Inc., por los servicios mensuales de soporte del sistema Pele Marine, que brindaba localización, gestión e informes de cobros sobre tasas y derechos marinos y naves, ya sea en aguas nacionales e internacionales. Este trabajo antes lo hacían funcionarios de la AMP.
Castillo ha negado que los pagos fueran coimas.