Luego de que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en un fallo de 13 de noviembre de 2022 declaró nulo el acuerdo municipal que aprobó el plan de ordenamiento territorial del corregimiento de San Francisco, el procurador de la Administración, Rigoberto González, estimó que corresponde al alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, realizar las acciones para dotar a la municipalidad de los instrumentos de ordenamiento territorial.
Al resolver una consulta elevada por el director de Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial del Municipio de Panamá, Tomás Sosa, el procurador Gonzalez señaló que el acuerdo No 94 de 4 de abril de 2018 ha perdido vigencia por el fallo de la Sala Tercera y ha creado un vacío que dificulta a la autoridad urbanística local determinar los usos de suelo en ese corregimiento.
A la vez detalla que la falta de regulación en esta materia conlleva importantes consecuencias en la actividad constructiva y urbanística para los residentes de este corregimiento.
Sosa también preguntó si los trámites o actos realizados con fundamento al plan de ordenamiento territorial derogado tiene validez, a lo que González contestó que debe ser la propia Sala Tercera de la Corte la que puede determinar si los efectos de acciones se mantienen o no.
González también señaló que los efectos del fallo de la Sala Tercera de la Corte no son retroactivos, por lo que no se deben afectar los actos administrativos efectuados antes de la decisión de los magistrados Carlos Vásquez Reyes, Cecilio Cedalise Riquelme y María Cristina Chen Stanziola.
Los magistrados concluyeron que el acuerdo municipal 94 infringió la ley porque faltó la debida asesoría del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y por la deficiente participación de la Junta de Planificación Municipal.
Según el fallo, si bien los acuerdos municipales sobre la materia de ordenamiento territorial y urbanístico de carácter local son dictados por los municipios, los mismos deben estar sujetos a las leyes, los reglamentos y los planes nacionales y regionales, mismos que son preparados por el Miviot.
La decisión de la Sala Tercera generó malestar entre activistas y exfuncionarios, quienes participaron en las consultas para la elaboración de este plan de ordenamiento territorial.
Entre ellos la exvicealcaldesa Raisa Banfield, quien explicó que ahora mismo la ciudad no tiene quién la defienda. “Para la elaboración de este plan se permitió la participación de todos los actores, entre ellos el Ministerio de Vivienda, la ciudadanía y la Junta de Planificación. Fue un proceso que tomó un año”, manifestó.
