La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Superior Anticorrupción, ejecutó este martes la “Operación Tamías”, que culminó con la aprehensión de Maritza Ureña González, quien fue subdirectora de la Dirección General de Ingresos (DGI) entre 2019 y 2024.
Ureña es investigada por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, en una investigación que, según el Ministerio Público, guarda relación con una lesión económica estimada en $428 mil.
La diligencia se desarrolló en el sector de Cerro Viento, en San Miguelito, donde las autoridades ubicaron además indicios relacionados con la investigación.
Paralelamente, se realizó un allanamiento en un local gestionado por Ureña en Merca Panamá.
El proceso penal se inició en agosto de 2026, luego de que la Fiscalía Anticorrupción recibiera un informe de auditoría forense elaborado por la Contraloría General de la República en mayo de este año.
Diferencia de $428 mil
De acuerdo con la información contenida en la auditoría citada en el expediente, Ureña habría manejado recursos por aproximadamente $1.01 millones, mientras que solo habría podido sustentar recursos de fuente conocida por unos $585 mil. La diferencia, calculada en alrededor de $428 mil, es la que permanece bajo investigación.
Durante el periodo en que ocupó la subdirección de la DGI, Ureña devengaba $3,500 mensuales de salario y $1,500 en gastos de representación, para un total de $5,000 mensuales.
De acuerdo a investigación de La Prensa también las requisas han alcanzado bienes vinculados a la exfuncionaria. El fiscal superior anticorrupción Juan Gutiérrez ordenó en agosto la aprehensión provisional de tres propiedades: un apartamento en Parque Lefevre y dos inmuebles ubicados en San Miguelito y Villa Belén, en Chigoré, Penonomé.
Ingresos oficiales de la exfuncionaria
Maritza Ureña ocupó la subdirección de la DGI del 2019-2024.
Tenía un salario mensual de $3,500.
Recibía $1,500 en gastos de representación mensuales.
Una de las propiedades, adquirida en 2025 en Villa Belén, fue comprada por $69 mil en efectivo mediante un remate bancario. Otra corresponde a una residencia en San Miguelito cuya hipoteca, pactada originalmente a 28 años, fue cancelada en su totalidad en 2024.
La Contraloría también había ordenado medidas sobre otros activos financieros de la exfuncionaria, incluidos fondos, depósitos, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, vehículos y otros valores.
La investigación continúa
La Fiscalía Anticorrupción informó que inició el proceso a partir de la documentación remitida por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense de la Contraloría, acompañada del informe relacionado con el posible enriquecimiento injustificado.
La exfuncionaria será puesta a órdenes de las autoridades judiciales para las audiencias correspondientes, donde se determinarán las medidas que correspondan dentro del proceso.
