El Ministerio Público abrió una investigación por presunto enriquecimiento injustificado –en detrimento del Estado panameño– contra Maritza Ureña González, segunda al mando en la Dirección General de Ingresos (DGI) durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024).
La lesión, de acuerdo con una auditoría de la Contraloría General de la República, asciende a $428 mil, dinero que supuestamente Ureña no ha podido justificar.
La exfuncionaria, según el documento oficial citado, habría movido $1 millón 13 mil, de los cuales solo habría podido justificar $585 mil. En razón de ello, el pasado 5 de agosto, el fiscal superior anticorrupción Juan Gutiérrez ordenó al Registro Público la aprehensión provisional de tres fincas: dos de ellas ubicadas en la provincia de Panamá y una en Coclé, donde el hijo de la exfuncionaria –el abogado Luis Acevedo Ureña– también compró terrenos, cerca del centro de Penonomé.
Según la auditoría de la Contraloría, la exfuncionaria tuvo ingresos, sumados a saldos bancarios, por un total de $577 mil. El salario actual del cargo que ocupaba Ureña en la DGI es de $3,500 mensuales y $1,500 de gastos de representación, para un total de $5,000 al mes, lo que habría generado ingresos durante el pasado quinquenio que sumaban unos $300 mil.
El inicio
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción tuvo su origen en una nota que envió la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense (DIAF) de la Contraloría, firmada por el titular de la institución, Anel Flores. La nota iba acompañada del informe de auditoría forense, “relacionado con el posible enriquecimiento injustificado” de Ureña.
De acuerdo con la legislación vigente, la exfuncionaria –de ser hallada culpable del delito que se le imputa– podría enfrentar una pena de entre 3 y 6 años de prisión, aunque existe un agravante: si el enriquecimiento injustificado es mayor de $100,000 –como en el presente caso–, la pena sería entonces de 6 a 12 años de prisión.
Sobre este delito, se precisa que “se entenderá que hay enriquecimiento injustificado, no solo cuando el patrimonio se hubiera aumentado con dinero, cosas o bienes, respecto a sus ingresos legítimos, sino también cuando se hubieran cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban”.
Fincas secuestradas
La primera de las fincas aprehendidas fue la No. 30413445. Se trata de un apartamento de unos 60 metros cuadrados, ubicado en el P.H. Panama Viejo Residences, en el corregimiento de Parque Lefevre, distrito de Panamá. El valor del inmueble, según documentos del Registro Público, es de $144,000, adquirido en 2023, aunque el permiso de ocupación tenía fecha del 14 de diciembre de 2022.
La adquisición se hizo mediante hipoteca –pactada a cinco años– por un monto de $137,000.
Previamente, mediante nota fechada en mayo de 2026, dirigida al Registro Público, el contralor Flores ordenó el secuestro de este apartamento “y de otros inmuebles que aparezcan inscritos en el Registro Público” a nombre de la exfuncionaria.
Y no fue todo.
Flores también ordenó la aprehensión de “dineros, fondos, valores, depósitos, plazos fijos, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, cuentas cifradas y cajillas de seguridad” en bancos, cooperativas e instituciones financieras a nombre de Ureña, así como vehículos y otros valores financieros.
La segunda finca aprehendida por la Fiscalía Superior Anticorrupción es la No. 47233, una propiedad ubicada en la barriada Villa Belén, en Chigoré, distrito de Penonomé, en donde tuvo su residencia –hasta mediados de 2019– el expresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo, quien, a su vez, fue socio de Luis Acevedo Ureña, hijo de Maritza Ureña, la hoy investigada por la Contraloría y la Fiscalía Superior Anticorrupción.
Ureña compró la mencionada casa en septiembre de 2025, según los papeles inscritos en el Registro Público. Pagó $69,000 en efectivo, en un remate bancario.
Y la tercera finca cautelada por la Fiscalía Anticorrupción es la No. 150290, ubicada en San Miguelito. Se trata de un inmueble que Ureña adquirió mediante hipoteca –pactada a 28 años– en 2013. Ureña acordó una hipoteca bancaria para obtener un préstamo de $81,000, destinados a comprar la casa, cuyo valor era entonces de $90,000.
Sin embargo, 11 años después –en abril de 2024. es decir, 17 años antes de cumplirse el plazo de pago–, la hipoteca fue cancelada en su totalidad por Ureña, según documentos del Registro Público. No se menciona a cuánto ascendía en ese momento el saldo del préstamo hipotecario cancelado.
Las compras del vástago
Además de las propiedades que adquirió y pagó Maritza Ureña, su hijo, Luis Acevedo Ureña, también hizo compras importantes alrededor del mismo periodo. Por ejemplo, este abogado –que fue candidato del PRD a representante en Parque Lefevre en las elecciones de mayo de 2024– adquirió un lujoso apartamento en el PH The Woods, en Santa María, una de las zonas residenciales más exclusivas de la capital.
Acevedo compró el inmueble en febrero de 2024, según los documentos que reposan en el Registro Público. Lo hizo mediante una hipoteca pactada a 35 años con el banco estatal Caja de Ahorros (CA), por un monto de $620,000, aunque el costo de la propiedad es de $821,000, lo que supone un abono de más de $200,000 de parte de Acevedo, cantidad que el vendedor recibió “a su entera satisfacción”.
El contrato precisa que la compra del inmueble no incluye “la membresía al Santa María Country Club ni la membresía de la cancha de golf”. Esos serían gastos adicionales, como también lo fueron la “instalación de lámparas, artefactos eléctricos, molduras decorativas internas, accesorios de los baños, electrodomésticos o cualquier otro elemento decorativo…”
Acevedo también adquirió sus propias oficinas para el ejercicio de su profesión. Lo hizo a nombre de una sociedad llamada White Star Properties, Inc. La compra la realizó pocos meses después del ascenso al poder del gobierno pasado.
Maritza Ureña fue subdirectora de la DGI del 2 de julio de 2019 al 1 de julio de 2024.
Mientras ocupó ese cargo, realizó gastos y desembolsos y depósitos por $1.01 millones.
El fiscal Juan Gutiérrez ordenó la aprehensión de tres propiedades: un apartamento en Parque Lefevre y dos casas (en San Miguelito y en Villa Belén, Chigoré).
La medida de aprehensión de bienes se sustenta en la posibilidad de traspasarlos a terceros y por la naturaleza del delito investigado (enriquecimiento injustificado).
Fue una compra de $76,000; al menos eso es lo declarado en el Registro Público. Las oficinas están ubicadas en el edificio PH Plaza Ejecutiva, en Bella Vista, y no hay registro de hipoteca alguna.
Y, al igual que su madre, Acevedo compró un terreno en Penonomé el 10 de marzo de 2022, a través de la sociedad Cerro Alto Real Estate, Inc. Se lo compró a miembros de la familia Carrizo, por un monto de $100,000, probablemente en efectivo, ya que no hay registros de hipotecas. Acevedo pactó pagos de abonos sucesivos de $50,000, $20,000 y $30,000.
Una red
Acevedo fue un importante colaborador extramuros del hoy exvicepresidente Carrizo y señalado por múltiples fuentes como su principal operador, dentro y fuera de la esfera gubernamental, cuyo radio de acción incluía, precisamente, la Caja de Ahorros y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), entre otros.
Carrizo y Acevedo, además, laboraron en la mina de oro de Donoso y en bufetes. Luego de que Carrizo juramentara como vicepresidente, Acevedo se convirtió en un estrecho colaborador que lo ayudó a estructurar redes de operarios dentro y fuera del país, cuyos nombramientos en el Gobierno –específicamente en la AMP– gestionaba personalmente Acevedo, a través de Nadia del Río, exasistente del expresidente Cortizo.
Del Río también es investigada por presunto enriquecimiento injustificado, al igual que el exdirector de la AMP Noriel Araúz, quien enfrenta un proceso por supuesto enriquecimiento injustificado agravado.
La Prensa envió la semana pasada un cuestionario para incorporar la versión de la investigada –canalizado a través de Luis Acevedo, hijo de Maritza Ureña–, pero no hubo respuesta de ninguno de los dos.
