La Cancillería de Panamá afirmó que el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el contrato portuario entre el Estado y Panama Ports Company (PPC), responde a una “decisión estrictamente jurídica”, adoptada en el ejercicio legítimo de las facultades soberanas del Órgano Judicial.
En un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo reiteró su compromiso con el Estado de Derecho, la separación e independencia de los órganos del Estado y el respeto a las instituciones democráticas.
La reacción del gobierno panameño se da luego de que el Ejecutivo de la Región Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong expresara su “gran descontento” y “categórico rechazo” al fallo de inconstitucionalidad emitido por la CSJ el pasado jueves 29 de enero, relacionados a los contratos de concesión entre el Estado y PPC en los puertos de Balboa (Panamá) y Cristóbal (Colón).
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— Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) February 4, 2026
La Cancillería subrayó que el Gobierno respeta plenamente la independencia de los poderes del Estado y exhortó a las partes, tanto nacionales como internacionales, a actuar en el mismo sentido, tal como ocurre cuando empresas panameñas enfrentan procesos judiciales en otras jurisdicciones.
El pronunciamiento también recordó que la neutralidad del Canal de Panamá es un principio fundamental protegido por el derecho internacional, el Tratado de Neutralidad y la Constitución, y recalcó que cualquier controversia relacionada con concesiones o contratos debe resolverse exclusivamente dentro del marco legal.
Además, aseguraron que mantendrán una política exterior basada en la no injerencia y el respeto mutuo entre Estados.
Más temprano, el presidente José Raúl Mulino también había rechazado el pronunciamiento emitido por parte del ejecutivo de Hong Kong, donde aclaró que el fallo de la CSJ forma parte de las atribuciones constitucionales del sistema judicial panameño y que estas decisiones deben ser acatadas y respetadas, tanto a nivel interno como externo.
El pasado jueves 29 de enero, el Pleno de la Corte, dio a conocer la inconstitucionalidad del contrato suscrito entre PPC y el Estado, al resolver una demanda interpuesta por el contralor general de la República, Anel Flores.
Aunque en Panamá la noticia se conoció en horas de la noche, distintos medios estadounidenses durante el transcurso del día, dieron a conocer la noticia de la decisión de la Corte.
